Cuatro excancilleres de Nicaragua solicitaron al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, que se discuta la crisis del país durante la Asamblea general del organismo, que se celebra el cuatro y cinco de junio en Washington, capital de Estados Unidos.
La reunión de los cancilleres, en la sesión, es antecedida por otra de embajadores que luego pasan los temas a los jefes de diplomacia de los países miembros. La represión gubernamental a las protestas ciudadanas, iniciadas el 18 de abril pasado, han dejado más de un centenar de muertos y más de mil heridos, explicaron en una carta dirigida a Almagro los excancilleres Francisco Aguirre Sacasa, Norman Caldera, Eduardo Montealegre y Enrique Dreyfus.
Consultado vía telefónica, Caldera explicó que existe la posibilidad de “abrir otra reunión de consulta para decir que es lo que está recomendando para Nicaragua: instruir al secretario general que haga las cosas haga más rápido, que las publique, que no queden en secreto”.
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La misiva fue enviada a la OEA por los excancilleres el pasado 31 de mayo, pero fue divulgada hasta este domingo. Los diplomáticos pidieron una “apreciación colectiva” de la situación, apoyados en el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana (CDI). En ese artículo, se establece la posibilidad de realizar esa apreciación en Estados “en los que se produzca una alteración del orden constitucional que gravemente su orden democrático”, lo que ocurre para ellos en el caso de Nicaragua.
Almagro ha sido cuestionado por la sociedad civil y la oposición de Nicaragua, porque le consideran cómplice de Ortega, a quien no llama dictador. Sus críticos han señalado que al caudillo nicaragüense lo trata con delicadeza, contrario a Nicolás Maduro de Venezuela, aunque ambos son tiranos.
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Los excancilleres no han hecho referencia en su carta a las críticas a Almagro, y han centrado su petición en lo establecido en la Carta Democrática Interamericana (OEA).
Argumentos jurídicos
Su solicitud la basaron en dos criterios: el primero que la violación de derechos humanos es considerada una grave alteración al orden democrático (sentencia del comité jurídico Interamericano, 2009) y el reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que informó de muertes, agresiones y detenciones arbitrarias durante las manifestaciones ciudadanas.
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“Durante más de una década los nicaragüenses hemos sufrido actuaciones arbitrarias de todos los poderes del Estado, corrupción y enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos, reiterados fraudes electorales, cancelación de personalidades jurídicas y alteraciones a la representación legal de partidos opositores, ataques contra los medios de comunicación, partidirización del aparato estatal, irrespeto a la autonomía municipal, persecución a líderes políticos independientes, y a defensores de derechos humanos, destitución de diputados opositores, represión policial y parapolicial contra las manifestaciones públicas de la oposición y los movimientos sociales, detenciones ilegales y torturas”, dijeron.
Explicaron que la crisis actual es el resultado de la represión policial y parapolicial contra estudiantes universitarios que realizaron marchas pacíficas y desarmadas, en las principales ciudades del país, protestando contra el deterioro de la institucionalidad democrática. Desde 2007, Ortega ha logrado ese deterioro “con el objetivo logrado de gobernar dictatorialmente, sin sujeción de leyes, y perpetuarse en el poder al margen de la voluntad popular”.