Mientras continúa la matanza represiva de nicaragüenses, se han dado dos hechos que de alguna forma enmarcan la crisis del régimen de Ortega y, también de Nicaragua, por las consecuencias que ya comienzan a ser catastróficas en términos humanos y económicos.
En la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), se adoptó por unanimidad una “Declaración de Apoyo al Pueblo de Nicaragua”, copatrocinada por los gobiernos de Estados Unidos y Nicaragua, cuyas características principales revisamos rápidamente.
En primer lugar, es de “apoyo al pueblo de Nicaragua”. Siendo la OEA un organismo intergubernamental, el sueño de Ortega hubiese sido una declaración de apoyo al gobierno. En segundo lugar, la conmoción que ha causado la tragedia del pueblo nicaragüense hizo que aunque la agenda de esa Asamblea había sido negociada con mucha anticipación, la misma se abriera a la consideración del caso de Nicaragua. Y en tercer lugar, lo más relevante, el Consejo Permanente del organismo multilateral conocerá del informe final de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que, como se sabe, ha elevado la cifra de asesinados por la represión a 127, sin incluir los de los últimos días. Ese informe, ¡qué duda cabe!, dará fundamento al amplio clamor de justicia.
El segundo hecho que está enmarcando la crisis nicaragüense, y su eventual desenlace, fue la reunión sostenida hace dos días entre Ortega y la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), de la que ha derivado la prolongación del impasse en el Diálogo Nacional. Según el comunicado de la CEN, en la reunión se planteó “el dolor y angustia del pueblo ante la violencia sufrida en las últimas semanas y la agenda consensuada en la Mesa Plenaria del Diálogo Nacional, sobre la democratización del país”.
Ortega, como se sabe, pidió tiempo y se espera “su respuesta escrita lo más pronto posible”, según el comunicado de la CEN.
Los anteriores dos hechos enmarcan la demanda planteada en el Diálogo Nacional y respaldada por el clamor de la calle: Justicia y Democratización. Precisamente así se llama la convergencia de estudiantes, sociedad civil, sector privado empresarial, campesinos, afrodescendientes y pueblos indígenas, agrupados en la Alianza Cívica por la Justicia y Democracia, y que en el Diálogo representa al pueblo nicaragüense.
Es anticipable que Ortega, después del tiempo que ha solicitado frente a la demanda de los obispos, se niegue a concesiones esenciales en términos de justicia y democratización. Entonces, y como lo señalé en mi último artículo, solamente cabrá que Ortega renuncie, y a eso deberán converger todas las fuerzas que dentro de Nicaragua (sandinistas y no sandinistas, institucionales y no institucionales), y fuera, buscan que termine la matanza.
El autor es excandidato vicepresidencial de Nicaragua.