Es posible que algo bueno salga de los crímenes y castigos habidos en España. Tal vez cambien de manera permanente las malsanas relaciones entre lo que antiguamente llamaban la clase dirigente y los políticos. Me explico.
Al Partido Popular (PP) lo destrozó la corrupción. Muy poca gente creía en su inocencia. Por eso Mariano Rajoy perdió el poder. Algo parecido a lo que le sucedió a la Democracia Cristiana italiana a principios de la década de los noventa. La severidad de las sentencias de los jueces españoles contra los responsables de la “Operación Gürtel” fue devastadora. Era la perfecta coartada para liquidar al PP mediante una moción de censura en el parlamento.
No es que 180 diputados sufrieron un espasmo súbito de honradez. Fue el instinto matador de los políticos. Vieron una oportunidad de tirarse a la yugular de la derecha y la aprovecharon. Unos por razones ideológicas. Eran sus enemigos de clase. Otros por cuestiones de identidad. Veían al PP como los promotores del españolismo: ese supranacionalismo que ahoga a los otros nacionalismos regionales.
Es probable que al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) le suceda lo mismo con los casos ERE. Pronto los tribunales dictarán las sentencias y los aliados de la víspera sentirán otra vez el instinto matador. Si las trampas con el dinero público que llevaban a cabo algunos tipos inescrupulosos del PP, o de su entorno, se centraban, fundamentalmente, en Madrid, Valencia y Galicia, los socialistas inescrupulosos recurrían, en primer lugar, a Andalucía, territorio que han gobernado durante muchos años.
Los delitos cometidos son similares: apropiación indebida, blanqueo de capitales, falsificación de documentos públicos, tráfico de influencia, cohecho (soborno) activo o pasivo, y un vasto etcétera. Por eso las sentencias son tan severas: cada delito conlleva una pena. Se suman las penas y surgen esas cifras terroríficas.
Lo que sigue no son mis reflexiones, sino las de Douglass North, uno de los grandes pensadores norteamericanos del siglo XX, Premio Nobel de Economía en 1993.
Durante milenios los cortesanos emprendedores y los jefes políticos se han repartido las rentas más suculentas en detrimento del pueblo llano. Ambos grupos se retroalimentan. Son las “sociedades de acceso limitado”. Pero, a fines del siglo XVIII ocurrió la revolución americana y, de pronto, unos granjeros blancos, descendientes de británicos, se vieron conminados a organizar un Estado independiente.
Como se habían enfrentado a la monarquía inglesa y a sus aristócratas, proclamaron que todos los ciudadanos eran iguales ante la ley y poseían los mismos derechos y obligaciones. Pero no lo hicieron de una manera retórica hueca, sino porque realmente lo creían. Ese principio los llevó a fundar la República sobre la base de la meritocracia, el mercado, la renovación permanente de los servidores públicos mediante la regla de la mayoría, y la subordinación de todos a la Constitución. Habían creado, sin proponérselo, la primera “sociedad de acceso abierto”.
Como el experimento dio resultados de inmediato, poco a poco algunas de las naciones comenzaron a copiar el modo de comportamiento americano, adaptándolo a sus tradiciones y valores. Ese es el caso de Holanda, la propia Inglaterra, Francia, los países escandinavos, e incluso naciones ajenas a Occidente como Japón o Corea del Sur, para un total de 20 o 30 naciones de “sociedades de acceso abierto”.
Es probable que España a partir de ahora se sume a ese pelotón de cabecera. Si es así la sacudida ha valido la pena.
El autor es periodista y escritor. Su último libro es una revisión de Las raíces torcidas de América Latina, publicada por Planeta y accesible en papel o digital por Amazon.
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