Analistas consultados advierten que debido al silencio del presidente designado por el poder electoral, Daniel Ortega, a lo que le planteó la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) el jueves pasado sobre la democratización del país, se avizora una profundización de la crisis que conducirá a una catástrofe.
El jurista Oscar Carrión Orozco lamentó que Ortega no contestara por escrito a los obispos de la CEN en el plazo de dos días que el mandatario pidió, pero considera que el mandatario sí respondió con el recrudecimiento de la represión a las protestas ciudadanas que dejan al menos 127 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Carrión Orozco dijo que Ortega marcó su postura, “que es la violenta represión policial y de paramilitares que se siguen ensañando con odio en contra de la población nicaragüense”.
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Durante el sábado pasado, por la tarde, se cumplieron las 48 horas que pidió Ortega a la Conferencia Episcopal para responderles a la carta que le entregaron sobre la demanda consensuada con los diferentes sectores sociales y económicos para superar la grave crisis que se vive desde el 18 de abril pasado, salida que empieza por el cese de la represión de los paramilitares y grupos de choque a los ciudadanos que exigen la renuncia de Ortega.
Sin embargo, el mandatario calló. Mientras el fin de semana los paramilitares orteguistas siguieron atacando Masaya, Jinotega, Sébaco, Managua y otras ciudades, dejando cinco asesinatos más.
El diálogo nacional está suspendido desde el 31 de mayo pasado, tras la masacre a la manifestación el Día de la Madre de parte de grupos de choque orteguistas.
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Los obispos de la CEN, que son mediadores y testigos del Diálogo Nacional, el jueves pasado pidieron a Ortega entender que el país ya es otro y que la agenda consensuada por la Coalición Cívica por la Justicia y la Democracia recoge el sentir de la mayoría de la población que pide su salida del poder.
Sin voluntad
Carrión Orozco analiza que el repudio internacional y nacional a las violaciones de derechos humanos de los nicaragüenses y la actuación de los obispos debió hacer replantear su posición a Ortega a fin de mostrar “una verdadera voluntad política para negociar su salida del poder” sin más baño de sangre.
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“Debió aprovechar la buena voluntad que aún existía en el colectivo nicaragüenses para discutir los términos de su salida del poder, pero más bien se dedicó a sabotear el Diálogo Nacional con agresiones y muertes en contra de la población. Y al callar ante el pliego de propuestas llevadas por los obispos, ahí quedó en evidencia Daniel de que no tiene voluntad seria para dialogar”, afirma el jurista Carrión.
Ese analista aún ve “un resquicio de oportunidad de encontrar una salida consensuada y pacífica” a la crisis del país si Ortega responde en las próximas horas a los obispos aceptando frenar la represión para retornar al diálogo. “Pero si mantiene el silencio nos hace inferir en que se aferrará a su política de no encontrar una salida que no conlleve a un derramamiento de sangre y de pérdida económica mayor a la que ya ha costado”, dijo Carrión Orozco.
Protesta aumentará
Gabriel Álvarez, especialista en derecho constitucional, esperaba que Ortega finalmente comprendiera que ya no está facultado para seguir gobernando y que la vía democrática es la opción para lograr que acabe la crisis; pero lo que parece escoger el caudillo es el peor escenario que conduce “a una catástrofe humana”, lamentó el jurista.
Para Álvarez, si el mandatario nicaragüense no accede al adelanto de las elecciones, tal como demandan distintos sectores en el país, “no quedará más que profundizar las manifestaciones y las protestas y significará que él (Ortega) privilegia la fuerza de la sangre”, que conducirá a “una catástrofe humanitaria” al país.
Encerrado en El Carmen
Los juristas Gabriel Álvarez y Oscar Carrión Orozco opinaron —por separado— que si bien el régimen se niega a la vía democrática para que haya un cambio de Gobierno como lo exige la mayoría de la población, al mantener la represión le concederá más tiempo de permanencia a Daniel Ortega con un poder relativo, debido a que los analistas indican que en la práctica el mandatario y su familia están presos en su residencia de El Carmen, pues no se pueden movilizar con tranquilidad en el resto del país.
Cambios exigidos
El jurista Gabriel Álvarez explica que en el caso de que Daniel Ortega finalmente acceda al adelanto de las elecciones, para que el proceso sea con la transparencia que el pueblo demanda, es indispensable el cambio de todo el Consejo Supremo Electoral (CSE) en toda sus estructuras para eliminar el control partidario del sandinismo.
“Si de verdad el Gobierno está dispuesto a trabajar en aras de la justicia y la democratización, se deben cambiar a los titulares de la Fiscalía, de la Policía, del Instituto de Medicina Legal, para que haya una verdadera investigación de la masacre, porque si son los actuales quienes la realizan solo habrá impunidad”, afirmó Álvarez.