El cardenal Leopoldo Brenes reiteró este domingo, después de celebrar la misa en la Catedral de Managua, la petición de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) a Daniel Ortega para que responda con claridad a la propuesta de adelantar las elecciones, como vía para salir de manera cívica y constitucional de la grave crisis nacional; crisis creada por el mismo Ortega por su sanguinaria represión contra las protestas populares y manifestaciones pacíficas de los estudiantes y el pueblo en general.
El viernes 23 de junio, los obispos se dirigieron por escrito a Ortega pidiéndole que les comunicara “oficial y formalmente, su aceptación a la propuesta que recogiendo los sentimientos de la inmensa mayoría de los nicaragüenses, le presentáramos el jueves 7 de junio, sobre las elecciones generales anticipadas, para marzo de 2019”.
El texto de la carta de los obispos es claro: ellos no le piden a Ortega su opinión sobre la propuesta de adelantar las elecciones, lo emplazan a que les comunique su aceptación.
Los obispos tienen razón al ponerle a Ortega esa especie de ultimátum, porque la espiral de muerte causada por el régimen no se detiene y se ha llegado al extremo horroroso de asesinar a bebés de pecho, a unos calcinándolos en un incendio provocado por las turbas paramilitares —el sábado 16 de junio en el barrio Carlos Marx de Managua—, y a otro matándolo a balazos, el sábado 23 de junio, siendo en este caso el bebé de 14 meses de edad Teyler Lorío Navarrete, en otro barrio del este de la capital.
Un gobernante que comete, ordena o permite esa clase de crímenes atroces, que provoca matanzas como la del Día de la Madre y asesina a más de 200 personas en dos meses y una semana de protestas, por la obsesión de aferrarse al poder al costo que sea, es injusto e inmoral que lo siga detentando. Los nicaragüenses no merecen que los sigan gobernando seres tan malvados como esos.
En este contexto, es comprensible la demanda de algunos sectores de la sociedad, organizados o dispersos, que reclaman la renuncia inmediata de la pareja dictatorial Ortega-Murillo y la formación urgente de una junta de gobierno de transición nacional.
Pero lo deseable no es necesariamente lo posible. Ortega y Murillo no van a renunciar solo porque se les diga que deben hacerlo. Ningún régimen, por muy malvado que sea y podrido que esté, cae del poder si no se le obliga a caer. Lo cual solo se puede lograr por la fuerza de la calle, por la combinación de manifestaciones pacíficas multitudinarias, plantones cívicos, tranques en todo el país, desobediencia civil, paros nacionales y presiones externas verdaderas, no solo retóricas.
Y en cualquier caso, por el interés de la nación hay que procurar que la salida de la dictadura sea por la vía cívica e institucional, lo más ordenada posible, utilizando los mecanismos constitucionales. Esto se puede conseguir en los plazos razonables que ha puesto la Conferencia Episcopal en su condición de mediadora y testigo del Diálogo Nacional.