En Perú el Congreso legislativo votó una “ley mordaza” para “acabar” con los medios de comunicación privados.
La ley prohíbe al Estado realizar publicidad en los medios de prensa, radio y TV privados, pero el presidente Martín Vizcarra, quien acertadamente considera que la ley es una forma de censura al propio Poder Ejecutivo en su comunicación con la ciudadanía, ya dijo que rechazará la norma por inconstitucional. La ley ha sido criticada también por el relator para la Libertad de Prensa y por la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, y por su parte las organizaciones de prensa y defensa de la libertad de expresión de Perú anunciaron que reclamarán ante la Corte Interamericana.
La ley mordaza es justificada con el cuento de no alimentar con publicidad oficial las “arcas” de los —según los dictadores y totalitarios— “tradicionales grandes empresarios” y “ogros” de la prensa, pero lo que buscan es atacar y si es posible acabar con el único instituto independiente de vigilancia y control del poder político.
Esto de la publicidad oficial tiene sus aristas. Una operación comercial normal, legal y legítima, en casos ha sido pervertida por malos gobernantes y dictadores para presionar, provocar la autocensura de los medios y para comprar medios y periodistas, y así premiar a la prensa complaciente y castigar a la independiente u opositora. De ahí la necesidad de regular y controlar el manejo de la publicidad oficial a través de la ley, pero no de esta “ley de Mulder”.
La publicidad oficial en los medios de prensa privados, que no los maneja el gobierno de turno como pasa casi siempre con los medios del Estado, es una de las fórmulas de comunicación del gobierno con sus electores y mandantes, como lo ha señalado el propio presidente de Perú. Es también en algunas ocasiones una ayuda a los medios de comunicación, lo que en definitiva garantiza y contribuye a la independencia, pluralidad y diversidad imprescindible para la plena vigencia del debate libre que hace a la democracia. Podría decirse que es un subsidio, pero quizás no tanto; en la medida en que esa publicidad no sea discriminatoria y se maneje con criterios técnicos y profesionales o en casos excepcionales cumpla con algunos propósitos clara y legalmente establecidos (caso de apoyo a la prensa del interior o de provincias), es una obligación o deber del Estado contemplar ese tipo de “ayuda” a un sector cuyo rol es primordial. El Estado o Gobierno, por su lado, además, obtiene su contraparte por cuanto informa a la población, como debe ser, sobre lo que está haciendo. Y este “trueque” es lo que lo hace diferente a los subsidios que tantas veces se dan a sectores sociales o de la economía de alguna forma damnificados por diferentes causas.
La palabra subsidio suena mal para la prensa y hay muchos y acérrimos opositores a ellos —entre los que me cuento—. Sin embargo, hay que admitir que en estas épocas en que han surgido nuevas competencias y otras vías para informarse, no parece un desatino considerar alguna forma de “subsidiar” a un sector cuya desaparición sería suicida para los ciudadanos y para la democracia. ¿Volver a regímenes donde los medios de información son manejados por el Estado —como lamentablemente aún pasa en muchos lados— o, en el mejor de los casos, sometidos al ritmo y la veleidad, y también a los temores y genuflexiones, que las hay, de las redes y las plataformas?
Perú hasta hoy es uno de los países donde los ciudadanos gozan de una total libertad de prensa. Ese es uno de sus orgullos y tesoros. Que los cuiden porque decididamente hay gente que acecha y se los quiere robar.
El autor es periodista uruguayo. Fue presidente de la SIP.