La caída de los ingresos fiscales, debido a la profunda crisis sociopolítica que afronta el país desde hace dos meses, estaría detrás de la presunta decisión del Gobierno de notificarle al sector Transporte Urbano Colectivo (TUC) de Managua y Ciudad Sandino, el cese de pago de un subsidio que estos reciben desde 2007, que permitía mantener congelado el pasaje en 2.50 córdobas a más de 800 mil usuarios.
En el Presupuesto General de la República de este año el Ejecutivo tenía previsto 355.21 millones de córdobas para cubrir esa obligación, por lo que ante la caída de los ingresos por la crisis este estaría pasando dificultades para cubrir esa y otras obligaciones contempladas en el gasto público.
De hecho un especialista en temas presupuestarios, que solicitó no ser citado, señaló que dada la emergencia, es extraño que aún el Gobierno de Nicaragua no haya enviado la propuesta de reforma presupuestaria a la Asamblea Nacional.
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“Este recorte presupuestario podría ser proporcional a la caída de la recaudación y al cese en los desembolsos externos de proyectos de infraestructura que se verían afectados, de manera tal que varias funciones del gasto gubernamental se verían afectadas”, afirmó.
Sostuvo que el recorte presupuestario podría ascender a 6,500 millones de córdobas o tal vez un poco más.
El economista, Adolfo Acevedo, por su parte, indica que no se necesita una reforma presupuestaria para hacer los ajustes de emergencia, pues según el artículo 49 de la Ley de Administración Financiera y Régimen Presupuestario si los ingresos fiscales proyectados se quedan por debajo de lo proyectado se ajustarán en correspondencia las denominadas cuotas de compromiso, para mantener el equilibrio entre ingresos y egresos.
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Para este año el Gobierno había presupuestado un gasto público de 87,125.7 millones de córdobas y de ingresos fiscales 80,773.2 millones de córdobas, el déficit por 6,352.4 millones de córdobas se cubrirían con préstamos y donaciones internacionales y a través de la venta de bonos de deuda pública en el mercado financiero nacional.
Pero además de verse afectado el subsidio al transporte colectivo, posiblemente se recortaría aún más el subsidio energético a los asentamientos y jubilados, así como los gastos en algunos ministerios, alcaldías e instituciones gubernamentales.
Subsidio de transporte lleva 11 años
Los usuarios del transporte urbano colectivo pagan 2.50 córdobas desde el 2007, que se aplicó un congelamiento a la tarifa del pasaje. Por este subsidio cada uno de los dueños de las 835 unidades del TUC reciben 53 mil córdobas cada dos meses y además se le vende el galón de diesel a cincuenta córdobas.
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Con la posible reforma al presupuesto, la tarifa del TUC dejaría de estar congelada y los transportista tendría que decidir a cuánto ajustar el pasaje.
El pasado lunes tres socios de cooperativas del TUC aseguraron a LA PRENSA que el titular del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), Iván Acosta dijo que probablemente era “el último subsidio”, del bimestre mayo-junio, “porque la gente no ha pagado los impuestos”.
Asimismo, las unidades de transporte que tenían ingresos por publicidad, indican que la empresa Difuso Comunicaciones, propiedad de Juan Carlos Ortega Murillo, uno de los hijos del presidente designado por el Consejo Supremo Electoral, anunció que hasta junio pagarían, porque los anunciantes les retiraron la publicidad en los buses.
El servicio de alquiler de traseras de buses para instalación de publicidad impresa en vinil adhesivo cuesta 460,399.74 córdobas, según la última contratación pública, donde el Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur) adquirió los servicios de Difuso.
Nicaragua a traviesa una de las peores crisis sociopolítica de la última década, debido a la represión gubernamental contra la población, que exige la salida inmediata del poder de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, que han reaccionado con violencia contra las protestas pacíficas. Los organismos derechos humanos estiman en 285 las muertes dejada por la represión.
Esta crisis ha ocasionado que la economía lleve más de 70 días semiparalizada, con cierre de empresas, en su mayorías pequeñas, caída de los ingresos provenientes del turismo e inestabilidad en el comercio. El Gobierno ha tenido que retirar fondos de las arcas del Banco Central para hacer frente a la posible caída en sus ingresos fiscales.