La canción de amor y compromiso con la lucha social compuesta por Víctor Jara está resonando con nuevo ímpetu, ante la decisión de los latinoamericanos de terminar con la impunidad de los dictadores y sus esbirros.
Por sentencia del corriente 29 de junio, los tribunales chilenos, 45 años después, condenan por delitos de lesa humanidad a nueve militares autores del asesinato del cantautor durante el golpe militar.
El fallo ha sido una noticia de primer orden que sin duda repercutirá en Nicaragua, recordándonos que la justicia tarda, pero llega y los tonos de la música de Jara serán fuente de esperanza para muchos y ojalá de dolor de conciencia y arrepentimiento para los involucrados en el genocidio orteguista contra nuestro pueblo.
El judicial en su considerando ha ratificado la jurisprudencia desarrollada por diferentes tribunales latinoamericanos, reafirmando que los delitos de lesa humanidad tienen carácter de imprescriptibilidad, como lo reconoce nuestro vigente Código Penal, y, que la obediencia debida a las órdenes del Gobierno o de un superior no exoneran de responsabilidad a los autores de estos delitos, validando como parte del ius cogens el artículo octavo del Estatuto del Tribunal de Núremberg, ampliamente recogido en tratados internacionales y por nuestra legislación.
El juzgamiento y eventual condena de los crímenes de lesa humanidad, cualquiera sea la época en que se cometieron, es ya una realidad en este siglo XXI; esta ansia de justicia despuntó en Argentina con la nulidad de las Leyes de Punto final y Obediencia Debida, con más de mil condenas hasta esta fecha, incluyendo jefes de Estado, generales, militares y policías, tramitándose causas individuales, colectivas e incluso las conocidas como megacausas; en Chile, donde a pesar del apoyo del Ejército, la justicia ha tocado la puerta de las más altas autoridades del régimen militar; en El Salvador juzgándose a militares por las matanzas cometidas, incluyendo casos emblemáticos, como el de los jesuitas, y en Guatemala por diversas masacres contando la de la embajada de España y por genocidio al propio dictador Efraín Ríos Montt.
El orteguismo, que conoce muy bien su vocación represora, ha sido el principal obstáculo para la ratificación del Estatuto de Roma, pretendiendo con ello evadir la justicia, pero en América, y con las luces de la sentencia que comentamos, es cada vez más claro que el dictador y sus subordinados no eludirán la justicia, pues podrán ser juzgados en un futuro en la propia Nicaragua o en el extranjero, con base en el principio de jurisdicción universal e imprescriptibilidad que rige para este tipo de delitos por agraviar a la humanidad y al concierto de las naciones.
Como dijera la expresidenta Bachelet: “Víctor Jara canta hoy con más fuerza que nunca”.
El autor es abogado.