CPDH denuncia tortura a manifestantes detenidos ilegalmente bajo cargos de “terrorismo”

Abogada denuncia que al señor Manuel Cerda le botaron los dientes y otro de los detenidos llegó canalizado al Complejo Judicial de Managua

Yonarqui Martínez, Nicaragua, presos políticos

Los abogados de la CPDH, Julio Montenegro y Yonarquis Martínez. LA PRENSA/M. ESQUIVEL

La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) denunció este domingo, durante una conferencia de prensa, que cinco ciudadanos detenidos por haber participado en protestas contra el régimen de Daniel Ortega, fueron torturados previo a ser  llevados ante el juez.

Quien hizo la denuncia fue Yonarquis Martínez García, abogada del organismo de derechos humanos. Los acusados fueron manifestantes, a los que el Estado les imputa el cargo de “terrorismo”.

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Antonio Gutiérrez, Marcos Antonio García López, Carlos Alberto Cruz, Juan Ramón García y Manuel de Jesús Cerda Valerio fueron a quienes mencionó la abogada. Ellos son las cinco personas —de 11 acusados este fin de semana en el Complejo Judicial de Managua— que, según la CPDH, presenta señales de tortura.

Le botaron los dientes

Los casos son dramáticos. Manuel de Jesús Cerda Valerio, por ejemplo, fue llevado al complejo judicial sin su dentadura. La denunciante cree que la perdió producto de brutales golpes que ha recibido en su rostro y cabeza. A otro de los detenidos le faltaba una pieza dental y tenía una fuerte infección en las encías.

Asimismo, a Marcos García López se le vio canalizado en las salas de audiencia, un indicativo de problemas de salud, detalló Martínez García.

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Las cinco personas mencionadas fueron presentadas este sábado 28 de julio en audiencia preliminar en los Juzgados de Managua, ante la juez Noveno Distrito Penal de Audiencia, Karen Chavarría Morales, quien sustituyó a la juez Indiana Gallardo, después que fue destituida.

Delitos imputados

Los cargos por los que están acusando a los detenidos son una oda a la visión con la que el Gobierno ha enfrentado las protestas, señalando que se trataron de un intento de golpe de Estado.

Entre los delitos imputados están: terrorismo y financiamiento al terrorismo, crimen organizado, daños, robo y asesinato agravado, vinculándolos a las protestas que durante más de 100 días el pueblo nicaragüense ha mantenido con la demanda de democracia y justicia para las víctimas de la masacre.

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Según los organismos de derechos humanos, al menos 448 personas murieron producto de la represión. Varios de los familiares de los detenidos alegaron que no han participado de ninguna manifestación y que fueron detenidos cuando realizaban actividades cotidianas.

Fases de represión

El 27 de julio pasado, el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao, denunció en Washington que Nicaragua había entrado en un tercer momento de la represión a la ciudadanía.

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La primera etapa fue la tradicional, usando a la Policía y paramilitares; la segunda cuando quitaron las barricadas, que denominaron “operación limpieza”. La tercera es la criminalización de los manifestantes.

 

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