Quienes no son expertos en política internacional y diplomacia y, por tanto, desconocen sus vericuetos, se preguntan qué se puede esperar del acuerdo de la OEA del jueves de esta semana.
Como se sabe, el Consejo Permanente de la OEA creó el 2 de agosto un Grupo de Trabajo para Nicaragua con el mandato de contribuir a la búsqueda de una solución pacífica y sostenible de la crisis que ha dejado hasta ahora 317 muertos, según información de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), o 195, que reconoce Daniel Ortega, pero 448 en la cuenta minuciosa de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH).
Según el acuerdo de la OEA, el Grupo de Trabajo para Nicaragua debe ayudar ante todo al proceso de diálogo nacional, con medidas de apoyo, acompañamiento y verificación, coordinado con los esfuerzos de la misma OEA y otros organismos regionales e internacionales.
De esta manera la OEA ofrece a Daniel Ortega una magnífica oportunidad para que resuelva la crisis por medio de acuerdos en el Diálogo Nacional, cuyo cumplimiento sería garantizado por la comunidad internacional.
Sin embargo Ortega rechazó la creación del Grupo de Trabajo para Nicaragua, su pequeño canciller más bien insultó a los miembros de la OEA que lo propusieron y apoyaron —en vez de agradecerles su buena voluntad— y amenazó que no le permitirá entrar a Nicaragua.
Siendo así, ¿qué ayuda podría prestar el Grupo de Trabajo de la OEA al pueblo nicaragüense? ¿Cómo podría ayudar a Nicaragua a salir de la crisis y del régimen de terror que ha impuesto Ortega? ¿Cómo contribuiría a superar la incertidumbre ante el futuro inmediato de la nación y de los ciudadanos nicaragüenses?
Vista desde la perspectiva de la política y la diplomacia, la creación del Grupo de Trabajo de la OEA para Nicaragua ha sido un golpe contundente a Ortega. Si no fuera así el canciller orteguista no se habría opuesto con tanta vehemencia a su creación, al grado que botó la careta diplomática e insultó a los países que votaron por crear esa comisión especial.
Ortega sabe que con la creación de este Grupo de Trabajo, ya no son solo los organismos funcionales de la OEA —como la CIDH y la Secretaría General—, los involucrados en la búsqueda de solución al problema de Nicaragua, sino los países directamente, entre ellos los más grandes e influyentes del hemisferio occidental.
Si Ortega no permite la entrada al país del Grupo de Trabajo para Nicaragua, aumentará la presión internacional directa sobre su régimen, agotará sus opciones diplomáticas y los gobiernos que tienen capacidad para imponerle sanciones materiales, tendrán más obligación y justificación para hacerlo. La dictadura orteguista se debilitaría mucho más en el ámbito internacional, con consecuencias dentro del país.
Ortega está cada vez más acosado. Debería entender que tiene que negociar y aceptar la salida democrática que le demandan el pueblo de Nicaragua y la comunidad internacional.