La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el secretario ejecutivo de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, externaron su preocupación por el cierre de las oficinas de la ANPDH y el exilio de su personal.
El exilio forzado del equipo de esa organización defensora de derechos humanos, encabezado por su secretario ejecutivo Álvaro Leiva Sánchez, se debe por amenazas de muerte e inseguridad en sus labores de defensores.
A través de sus cuentas de Twitter, tanto la CIDH como Almagro recordaron las obligaciones del Estado de Nicaragua.
Le puede interesar: Paulo Abrao se encuentra con miembros de la ANPDH en aeropuerto de Honduras
Almagro lamentó “el autoexilio” del equipo de la ANPDH, encabezado por Leiva Sánchez quien, recuerda, tenía medidas cautelares de la CIDH.
Expresamos nuestra extrema preocupación x cierre de @ANPDHPresidenci en #Nicaragua y el autoexilio de sus dirigentes, que tenían medidas cautelares de @CIDH. El Estado debe proteger los derechos de sus ciudadanos, especialmente de los defensores de DDHH https://t.co/V1MmJQPEYj
— Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) 6 de agosto de 2018
La relatora para Nicaragua, comisionada Antonia Urrejola, recordó que la persecución de defensores de derechos humanos representa un incumplimiento de las obligaciones del Estado, conforme al estándar interamericano.
Y consideró que la criminalización por parte del Estado genera “un efecto amedrentador y paralizante” en los defensores de derechos humanos que, por miedo a sufrir represalias, podrían abstenerse de realizar sus tareas de promoción y protección de los derechos humanos.
Lea además: Alvaro Leiva Sánchez, secretario general de la ANPDH: “Hay amenazas para mí y mi equipo
Recordó Urrejola la importancia de la labor de defensoras y defensores para la implementación universal de los derechos humanos, así como para la existencia plena de la democracia y el Estado de Derecho.
“En este sentido, resulta preocupante la situación de la ANPDH pues describe un patrón de persecución a los defensores y defensoras de derechos humanos ya identificado en la región, que afecta las bases mismas de un régimen democrático”, dijo Urrejola, en respuesta escrita a LA PRENSA.
El cierre de las instalaciones de la ANPDH, en el contexto de amenazas y persecución judicial, debe llamar la atención del Estado sobre sus obligaciones en el marco internacional de los derechos humanos, reflexionó Urrejola.
Lea también: Álvaro Leiva: el hombre de la bandera blanca
Sobre la situación de los promotores de esa organización, indicó que son motivo de preocupación puesto que refleja además otra grave problemática, como es la situación de todas aquellas personas forzadas a migrar por diversas formas de persecución y violencia ejercidas por el Estado nicaragüense.
La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, también lamentó esta situación, la cual —consideró— está en el contexto de la represión y del hostigamiento que se viene dando desde hace mucho tiempo en contra de los defensores.
Núñez refirió que hay toda una escalada de persecución y espionaje a través de los llamados Consejos del Poder Ciudadano y de los Consejos de Liderazgo Sandinista, que son los que señalan en los barrios a opositores a agredir.
Por su parte Juanita Jiménez, de la Iniciativa de Defensoras en Nicaragua, calificó de grave que los defensores de derechos humanos tengan que salir del país para resguardar su vida.
Más en: ANPDH cierra sus oficinas centrales por amenazas y asedio de grupos armados
iménez destacó la ardua labor desarrollada por Leiva y la ANPDH durante los días más crudos de la represión en Masaya, que le mereció de un premio internacional.
Que tengan que emigrar significa la vulnerabilidad existente para los defensores y donde el Estado más bien se convierte en agresor directo, estimó Jiménez.