La ONU señala al Gobierno de Nicaragua de represivo y propone una Comisión de la Verdad nacional e internacional

La ONU recomendó al Consejo de Derechos Humanos, a la Asamblea General y a la comunidad internacional considerar "la adopción de medidas para prevenir un mayor deterioro de la situación de derechos humanos" en Nicaragua

paramilitares

La Policía ha asesinado, golpeado y capturado a los manifestantes que protestan contra el Gobierno. LA PRENSA/Jader Flores

La ONU denunció que el gobierno de Nicaragua ha cometido violaciones a los derechos humanos desde que comenzaron las protestas el pasado 18 de abril. El organismo denuncia el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, tortura, despidos arbitrarios y además asegura que los grupos armados progubernamentales han actuado con el beneplácito de las autoridades.

La misión de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) recomendó al Consejo de Derechos Humanos y a la comunidad internacional «monitorear la evolución de la situación en Nicaragua, considerando la adopción de medidas para prevenir un mayor deterioro de la situación de derechos humanos».

En el informe titulado «Violaciones de derechos humanos y abusos en el contexto de las protestas en Nicaragua«, que presenta este miércoles el organismo, también alienta a la Asamblea General de la ONU a actuar de la misma manera.

«Estas medidas podrían incluir la creación de una comisión internacional de investigación o una Comisión de la Verdad híbrida (nacional e internacional) para asegurar el acceso a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas», recomienda la misión de OACNUDH en su informe.

También insta al Consejo de Derechos Humanos a hacer un llamado a Nicaragua a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, así como con sus compromisos y promesas incluidas en el contexto del mecanismo del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos (EPU) y a cooperar plenamente con los órganos y mecanismos de derechos humanos.

El informe, que comprende los hechos de represión gubernamental a partir del 18 de abril y se extiende al 18 de agosto, describe los patrones de violaciones de derechos humanos y abusos cometidos en el contexto de las protestas sociales «y consiguiente crisis política en Nicaragua».

Este documento está basado en el monitoreo de derechos humanos realizado por la Oficina Regional para América Central de la OACNUDH y, desde el 26 de junio de este año, por un equipo de la OACNUDH desplegado en Managua.

Fases de la represión

En el mismo destaca que la grave crisis de derechos humanos en Nicaragua desde el comienzo de las protestas sociales se ha caracterizado por múltiples formas de represión y otras formas de violencia, «que han resultado en miles de víctimas», incluyendo aproximadamente 300 personas fallecidas y 2,000 heridas.

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El organismo coincide con los informes que ha presentado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha dicho que la crisis en Nicaragua está en la tercera fase. La primera se caracterizó por la respuesta represiva del Estado a las manifestaciones. La segunda ocurrió con el levantamiento por la fuerza de las barricadas y tranques por parte de las autoridades estatales y elementos armados progubernamentales. Y la tercera etapa actual comenzó con la criminalización y persecución de todas aquellas personas que participaron en las protestas o que son de alguna forma percibidas como opositores al gobierno.

Paramilitares mantienen el control de diferentes departamentos de Nicaragua. LA PRENSA /EFE
Paramilitares del Gobierno desmontaron los tranques a punta de balas. LA PRENSA /EFE

Uso desproporcionado de la fuerza

El informe aclara que, aunque algunas manifestaciones se tornaron violentas, la mayoría de los manifestantes fueron pacíficos, por lo que el organismo pudo concluir que, en casos en los que hubo actos de violencia por parte de los manifestantes, el uso de la fuerza letal por parte de las autoridades en contra de amenazas no letales, así como la utilización de grupos armados progubernamentales, también fueron violatorios del derecho humano internacional.

Las violaciones de derechos humanos documentadas por la OACNUDH incluyen el uso desproporcionado de la fuerza por parte la policía, que a veces se tradujo en ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, obstrucción del acceso a la atención médica entre otros.

Recomendaciones al Gobierno

En el informe, la ONU realiza 14 recomendaciones al Gobierno y a la Procuraduría de Defensa de los Derechos Humanos, entre las que resaltan poner fin de inmediato al acoso, intimidación, estigmatización y criminalización en relación a las protestas y desmantelar y desarmar de inmediato «a los elementos armados progubernamentales».

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El informe es rechazado por el Estado que alega esta no es una visita In loco, también expresó inconformidad por el plazo de 72 horas que le fue otorgado para presentar sus observaciones. Asimismo cuestiona que el título prejuzga la actuación del Estado pues las violaviones no están sustentadas y rechaza el término protesta cuando lo ocurrido en Nicaragua fue un «intento de golpe de estado».

La misión también le aconseja al Gobierno asegurar que se realicen prontamente investigaciones independientes, imparciales, efectivas, completas y transparentes en relación a las denuncias «de serias violaciones a los derechos humanos y abusos que han ocurrido desde el 18 de abril especialmente ejecuciones extrajudiciales, tortura, desapariciones forzadas de personas, arrestos y detenciones arbitrarias e ilegales» .

A su vez recomiendan que estas investigaciones deben incluir a quienes perpetraron directa o indirectamente, ordenaron, apoyaron o toleraron dichos actos incluyendo la cadena de mando de las autoridades implicadas.

«Estos actos no deberían quedar sin sanción», señala la misión.

Liberar a los presos políticos

De igual forma recomienda detener los actos ilegales, liberar a todas las personas que han sido detenidas de forma arbitraria, asegurar el respeto al derecho al debido proceso de todas las personas y «tomar medidas urgentes para garantizar la independencia e imparcialidad del Poder Judicial, absteniéndose de ejercer cualquier indebida interferencia, presión o influencia».

También insta a asegurar que el derecho a reunión pacífica sea respetado a través del debido control de manifestaciones públicas de conformidad con los estándares y normas internacionales de derechos humanos y a reanudar el diálogo nacional.

Acceso al organismo

Además reitera su demanda de otorgar a OACNUDH acceso directo e irrestricto a todo el país incluidos los lugares de detención, con una cooperación efectiva con el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) de la Comisión Interanericana de Derechos Humanos (CIDH). También a permitir el acceso al país a los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos que han solicitado realizar una visita especial.

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