El yihadismo, acorralado en Siria, ha retomado su retórica amenazante en forma de videos en los que rehenes extranjeros atemorizados piden ayuda para no ser decapitados, repitiendo la escalofriante serie de grabaciones emitidas por el Estado Islámico (ISIS) en los años de su máximo apogeo, de 2014 a 2017.
El declive de este tipo de propaganda coincidió con la captura de Raqqa (que fue capital del califato islámico en Siria), en octubre de 2017, que supuso una gran derrota. Poco antes, en julio de ese año, el ISIS fue expulsado de la ciudad iraquí de Mosul, su otro bastión. El 98 por ciento del territorio una vez dominado por la organización terrorista ha sido recapturado.
Pero del otro lado no son santos. Cuenta Noura Ghazi, de la organización Familias por la Libertad, que reúne a los familiares de los desaparecidos durante la guerra siria —que ya lleva más de 400 mil muertos— que “el régimen sirio ha empezado a enviar listas de prisioneros muertos al registro de Seguridad”.
Estos documentos suponen el primer reconocimiento tácito, por parte del gobierno de Bashar Asad, de que miles de prisioneros han muerto entre rejas.
“La mayoría de las personas en las listas… son opositoras que no estaban involucradas en actividad armada, eran activistas pacifistas”, asegura Basam Ahmad del Centro de Documentación de Violaciones en Siria. Así acaba de conocerse el fallecimiento de la ‘Rosa de la revolución’, apodo islámico de un ingeniero de 22 años arrestado en 2011 que se hizo famoso por ofrecer agua a las fuerzas armadas que “custodiaban” las manifestaciones opositoras.
Pero no solo durante conflictos armados se ejecutan personas, en muchos países como Arabia Saudita, y con China en el podio —con unos mil ejecutados anuales— pero también en EE. UU., la pena capital se aplica sistemáticamente.
El papa Francisco acaba de aprobar la modificación del Catecismo católico (artículo 2267) para declarar “inadmisible” la pena de muerte y ha mostrado el compromiso de la Iglesia para promover su abolición en todo el mundo. El cambio, datado el 1 de agosto de 2018, entró en vigor con su publicación en L’Osservatore Vaticano, y en el Acta Apostolicae Sedis.
El nuevo texto asegura que “la Iglesia enseña… que la pena de muerte es inadmisible, porque atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona”. El cambio se debe a que “está cada vez más viva la conciencia de que la dignidad de la persona no se pierde ni siquiera después de haber cometido crímenes muy graves”.
Algún día comprenderemos que quitar una vida humana, cualquiera que fuera, es ponernos en lugar de Dios, es creernos dioses. Es creer que conocemos la verdad de modo absoluto, porque para terminar con la vida de una persona no tiene que existir ni la más mínima posibilidad de equivocarse. Primero, hay que tener la certeza absoluta de que el delito del que se le acusa lo es realmente.
Por caso, hay países que castigan con la muerte el tráfico de drogas y en otros ni siquiera es considerado un acto ilegal.
Segundo, hay que tener la total certeza de que efectivamente cometió ese crimen, ya que muchos fueron encontrados inocentes a lo largo de la historia luego de ser ejecutados. Y finalmente, hay que saber con absoluta seguridad de que el reo es irrecuperable, lo que no resulta creíble. En fin, claramente como los que juzgan no son dioses, al ejecutar a una persona, más bien son asesinos.
El autor es Miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, California
@alextagliavini
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