El gobierno de Daniel Ortega ordenó el jueves la salida de Nicaragua de la representación de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), bajo el argumento de que “han cesado las razones, causas y condiciones” por las que la misión permanecía en el país.
De esta manera, “este Ministerio comunica que da por concluida la invitación y finalizada la visita a partir del 30 de agosto de 2018”, dice el canciller orteguista Denis Moncada.
La comunicación fue dirigida a la representante regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Marlene Alejos, radicada en Panamá.
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La cancillería nica adujo que la invitación que le fue realizada a esa Oficina fue “con el propósito de que diera acompañamiento a la Comisión de Verificación y Seguridad, creada en el marco del Diálogo Nacional, con el fin de asegurar el desmantelamiento de los tranques”.
El jefe de la delegación de Oacnudh, Guillermo Fernández Maldonado, luego de una reunión diplomática en la cancillería, que quiso disfrazar la expulsión como “el fin de una invitación”, consideró que la misión fue cuestión de interpretación, pues ese organismo entendió que la invitación era “para contribuir a la paz y seguridad en el país”.
Destacó Fernández que su deber es verificar hechos, pues recordó “lo central son las víctimas y sus derechos. Nosotros queremos estar enfocados en eso, no queremos contribuir a una polarización que a lo único que va a llevar es a más violencia, queremos contribuir al tema del diálogo en el marco de estándares internacionales”.
Sin embargo, Fernández indicó: “No esperábamos que viniera una decisión en ese sentido por parte del Gobierno. Hay pendientes además reuniones importantes de Naciones Unidas. Esto mantiene por supuesto la vista internacional (en) la situación de Nicaragua”.
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Además Fernández recordó que “con invitación o sin invitación”, esa organización desde antes del ingreso a Nicaragua ya había realizado un monitoreo de la situación de derechos humanos en Nicaragua, que es común porque no siempre reciben la invitación de ingreso de parte de los Estados y lo continuarán haciendo a su regreso a Panamá.
El 27 de junio esa misión se instaló en Nicaragua y se retira cuando empieza la gestión como alta comisionada de Derechos Humanos la expresidenta chilena Michelle Bachelet.
Fernández recomendó que se regrese al diálogo, que no haya más muertos ni violación de derechos humanos, que la población se pueda expresar a favor o en contra de un gobierno sin que haya violencia “y eso lo tiene que garantizar el Estado en cualquier parte del mundo”.
Es una expulsión
Antes de la expulsión, el Gobierno había descalificado el trabajo de la misión en un documento que circuló entre el cuerpo diplomático y luego el dictador Ortega, en plaza pública llena de fanáticos, ofendió a la misión como “instrumentos del terror” e “infames”.
La disposición del Gobierno fue interpretada por diferentes organizaciones nacionales e internacionales como una expulsión y ocurre dos días después de la presentación del informe que devela el horroroso estado de violaciones de derechos humanos ejecutado por el régimen desde abril.
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La primera en reaccionar a la expulsión fue la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, quien condenó la salida forzada del equipo de cuatro personas de Oacnudh y la calificó como una acción desesperada e intimidatoria, a la vez que lamentó la falta de “inteligencia” por parte del régimen.
“Ellos creen que con esta decisión que están tomando el día de hoy van a detener que el Consejo de Seguridad, el día 5 (septiembre), no conozca el caso de Nicaragua, (pero) están abonando precisamente para que el Consejo de Seguridad tome la más alta decisión que dentro de la línea de su alta competencia puede impulsar”, confió Núñez.
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El informe Violaciones a los derechos humanos y abusos en el contexto de las protestas en Nicaragua concluye que “la respuesta global de las autoridades a las protestas no cumplió con los estándares aplicables sobre la gestión adecuada de manifestaciones, en violación del derecho internacional de los derechos humanos”.
También descartó que la causa haya sido un “intento de golpe de Estado”, y confirmó la masacre.
Por su parte, la Comisión Permanente de Derechos Humanos consideró a través de un pronunciamiento que la disposición del Gobierno “refleja la falta de compromiso del Estado de Nicaragua para cumplir con los compromisos y tratados internacionales de derechos humanos”.
Anuncia salida de equipo
Oacnudh emitió un comunicado a través del cual informa que les fue concluida la invitación extendida por el Gobierno y que a su vez ellos le han comunicado la salida del país del equipo este sábado 1 de septiembre. Y aclara que esa organización “proseguirá con su labor de monitorear e informar sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua de forma remota, de conformidad con el mandato global de la Asamblea General de las Naciones Unidas a la Oficina del Alto Comisionado”.
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Asimismo “continuará apoyando a las víctimas y sus familiares”, así como a la sociedad civil, y reitera “su disposición de brindar apoyo a las autoridades para que el Estado de Nicaragua pueda cumplir con sus obligaciones internacionales de derechos humanos y con la comunidad internacional”.
De igual forma, el organismo aseguró que las recomendaciones que incluyó en el informe “representan una herramienta valiosa” y espera que puedan ser aprovechadas para la superación de la crisis actual, para fortalecer el Estado de Derecho.