El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) volverá este miércoles a abordar la crisis de Nicaragua, y se espera la aprobación de un nuevo proyecto de resolución, cuyo contenido aún no ha sido divulgado. A criterio de Freedom House, el organismo aumenta la presión para evitar un otro Estado fallido en la región.
La sesión ocurrirá días después que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, llamó a la comunidad internacional a “asfixiar a la dictadura que se viene instalando en Nicaragua” ante la negativa de Daniel Ortega de reinstalar el Diálogo Nacional y buscar una solución democrática a la crisis.
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A criterio del director para América Latina de la organización Freedom House, Carlos Ponce, existe un proceso que está avanzando en el caso de Nicaragua para ponerle presión al régimen de Daniel Ortega y evitar que la nación centroamericana se convierta en un Estado fallido como sucedió en el caso de Venezuela.
En ese sentido, asegura que los países de la región han adoptado una actitud beligerante. “Hay mayor presión en la OEA para que no se dé otra negociación floja y sin fuerzas como la que se dio hace algunos años que le permitió al régimen de Daniel Ortega ganar cierta credibilidad. Creo que hay otro tipo de acercamiento y eso va en paralelo a sanciones, además la crisis en Nicaragua se va a incrementar”, dijo.
La crisis política que enfrenta Nicaragua desde el pasado 18 de abril ha dejado entre 322 y 481 muertos, según el último informes de organismos de derechos humanos, entre ellos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), adscrita a la OEA.
“El régimen de Daniel Ortega cada vez se cierra más (para no buscar una salida a la crisis), está presionando a lo interno de Nicaragua, hay cada vez más personas perseguidas que se tienen que refugiar en Costa Rica, creando una presión migratoria. Hay ciertos cambios en la administración (de Donald Trump) que podrían indicar que hay menos tolerancia a la dictadura de Daniel Ortega”, señaló.
A juicio de Ponce, si los países de la región no actúan con la fuerza necesaria “para que un dictador como Daniel Ortega cese la persecución, las violaciones a los derechos humanos, y que lleve a una solución inmediata al conflicto por medio de elecciones libres, en las que no participe Daniel Ortega y su grupo de corruptos, yo creo que Nicaragua se va exponiendo al mismo camino de convertirse en un Estado fallido como el de Venezuela o un Estado mantenido como Cuba, que aprovecha las circunstancias geopolíticas”.
Ponce recuerda que Estados Unidos, el principal socio comercial de Nicaragua, debe aplicarle una mano más dura al régimen para evitar que siga abusando de los derechos humanos contra el pueblo nicaragüense.
Ortega no acepta ninguna vía democrática
Además, Ponce señaló que Nicaragua no ha aceptado ninguna de las fórmulas que los organismos multilaterales han venido planteando a lo largo de los casi cinco meses de crisis para encontrar una salida al conflicto por la vía pacífica, el Diálogo Nacional, y elecciones anticipadas.
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A lo anterior se suma el bloqueo a la participación plena de las funciones de los organismos de la CIDH, creados para contribuir a una salida a la crisis en Nicaragua, se trata del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), y al Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), cuyo objetivo es contribuir en las investigaciones sobre las muertes y los hechos de violencia durante las protestas antigubernamentales, y en el proceso del Diálogo Nacional, que se encuentra estancado por decisión de Ortega.
A la lista de obstáculos impuestos por el régimen de Ortega, añadió Ponce, se agrega la expulsión de la misión del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y el incremento de la represión a lo interno del país que promueve el régimen sandinista a través de la Policía y los paramilitares, una situación que está provocando éxodo.
Temen que Nicaragua se parezca a Venezuela
“Hay temas que vienen preocupando a países en la región y existe un consenso para que Nicaragua no caiga en un Estado fallido como ya cayó Venezuela, y por eso se han dado reuniones más aceleradas”, afirmó el director de Freedom House.
“Esta reunión (del Consejo Permanente) va paralelo a ciertas discusiones que se están dando en el Congreso y en el Senado, el proyecto de ley del senador Bob Menéndez combinada con el Nica Act debe estar aprobada en unas semanas, así es que estas discusiones van a ir en paralelo con un grupo de sanciones”, explicó el representante de la organización promotora de los derechos
humanos.
Presión desde el Congreso de Estados Unidos en las próximas semanas
Ponce se refiere a la iniciativa legislativa conocida “Ley 2018 para los derechos humanos y la lucha contra la corrupción en Nicaragua”, presentada el 18 de julio pasado por el senador Menéndez con el copatrocinio de los senadores Marco Rubio, Ted Cruz, Dick Durbin, Bill Nelson, David Perdue, Patrick Leahy, Tim Kaine, Ben Cardin y Tom Cotton. El proyecto de ley persigue la aplicación de nuevas sanciones contra el régimen de Daniel Ortega y la exigencia de elecciones anticipadas.
Una iniciativa similar a la de Menéndez fue presentada el pasado 28 de agosto en la Cámara de Representantes por la congresista Ileana Ros-Lehtinen.
“Una vez que sea aprobada en el Senado, pasará al Congreso, a Ileana (Ros-Lehtinen) le quedan dos meses dentro de la Cámara Baja, el tiempo suficiente para impulsar la aprobación del proyecto de ley en el Congreso”, precisó Ponce.
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En el caso del Nica Act no será necesario ese proceso porque ya fue aprobada en el Congreso en el 2017. “La información que tenemos es que el Comité (de Relaciones Exteriores en la Cámara Alta) está listo para aprobar y debería ocurrir en las próximas semanas. (El Nica Act) ha estado bloqueado por algunos factores internos, pareciera que esos factores internos ya cedieron y el proyecto de ley avanzará”, dijo.
Canadá solicitó sesión
La sesión extraordinaria fue solicitada por la misión permanente de Canadá, país que ocupa la presidencia en el Grupo de Trabajo para Nicaragua, un organismo creado el pasado 2 de agosto con la aprobación de veinte de los 34 países que son miembros activos de la OEA, con el propósito de contribuir a la búsqueda de una salida pacífica y sostenible a la crisis en Nicaragua.
Sin embargo, el gobierno del designado presidente Daniel Ortega impide el acceso de ese organismo de la OEA a Nicaragua, argumentando “injerencismo”.