En las comunidades caribeñas se oponen a que se realicen las elecciones regionales de la Costa Caribe debido a que la crisis sociopolítica también existe en esa zona de Nicaragua, y de imponerse los comicios se podría provocar un estallido de violencia, aseguran miembros de partidos indígenas y promotores de derechos humanos.
El Consejo Supremo Electoral (CSE) convocó a los partidos políticos a las elecciones regionales de la Costa Caribe de Nicaragua, para el 3 de marzo de 2019. En estas elecciones regionales se elegirá a noventa concejales (45 para la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS) y 45 para el Caribe Norte (RACCN).
“No existen condiciones. La gran mayoría de la población afrodescendientes las rechaza, porque mientras no exista la reforma a la Ley Electoral cualquier elección que se lleve a cabo ya desde antemano sabemos cuál es el resultado: un fraude a favor del partido de gobierno (Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN)”, afirmó Daisy George, promotora de derechos de las comunidades indígenas.
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En Nicaragua existe una crisis sociopolítica desde abril debido a la represión de grupos de choque del gobierno de Daniel Ortega en contra de las protestas antigubernamentales. La masacre deja 481 muertos en 151 días de protestas, según documentan organismos de derechos humanos.
El régimen de Ortega y de su esposa y vicepresidenta designada, Rosario Murillo, no ha podido callar la protesta ciudadana a pesar de criminalizarla como un intento de golpe de Estado. El régimen tiene cientos de presos políticos, en su mayoría jóvenes, campesinos, médicos, promotores de derechos humanos y de la sociedad civil.
George explicó que diferentes organizaciones políticas y sociales han consultado en las comunidades caribeñas “y en todos lados nos dicen que no hay condiciones”, porque la crisis es mayor al combinarse con el problema de las invasiones de propiedades indígenas de los colonos. “Creo que la Costa va a vivir más violencia si fuerzan las elecciones”, aseveró.
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Hay luto
“El país está de luto, las madres (de los hijos asesinados y detenidos) están en luto, los muchachos están presos por delitos que no cometieron. No hay condiciones sociopolíticas ni económicas como para hacer elecciones. Es una farsa y por eso el pueblo opina que no se hagan”, manifestó George.
Osorno Coleman, presidente del partido indígena regional Myatamaran y diputado aliado del FSLN, minimizó los problemas en la zona, por lo que defendió que sí hayan elecciones en 2019.
No (iremos en alianza con el FSLN), en estas elecciones vamos a participar solos y queremos ver hasta dónde tenemos aceptación entre la población como partido regional”. Osorno Coleman, diputado aliado del FSLN.
Argumento sin peso
Solo el partido indígena Yatama rechaza participar en las elecciones regionales de la Costa Caribe debido a la crisis sociopolítica y al no haber las reformas del sistema electoral. Otros partidos considerados aliados del FSLN como el Conservador y el PLI han dicho que tomarán una decisión hasta noviembre, cuando deban inscribir candidatos. El Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y el indígena regional Myatamaran alegan que sí participarán para no perder la personalidad jurídica.
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Para Daisy George, quien es miembro de la opositora Alianza Cívica , “quienes tienen un contubernio con el Gobierno darán argumentos sin peso”.
Eso de que van a ir a las elecciones porque no quieren perder la personería jurídica es un argumento sin peso. Todo sabemos que el partido que apoye las elecciones en la Costa es porque hay un contubernio con el Frente”. Daisy George, promotora derechos de las comunidades indígenas.
Factores del descontento
Los enfrentamientos entre indígenas y colonos han dejado decenas de muertos en la Costa Caribe durante los últimos años, siendo un problema que el ejecutivo de Daniel Ortega ha dado la espalda, según han reclamado organizaciones indígenas y de derechos humanos.
Daisy George, promotora y catedrática, agregó al descontento de la gente el incumplimiento del Estado de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de 2005, “en la que se manda a que las elecciones para los pueblos indígenas fuesen más ajustadas a sus costumbres”.
“Esa sentencia nunca la han querido cumplir porque sabe el Frente Sandinista que en la Costa no gana limpiamente”, dijo George.