El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) presentó ayer 17 de septiembre un recurso por Inconstitucionalidad parcial contra la Ley 977 o Ley contra el lavado de dinero y el terrorismo en Nicaragua, ante la Corte Suprema de Justicia, por considerarla violatoria a derechos constitucionales a como es el derecho a la protesta ciudadana contra decisiones gubernamentales.
Esta ley fue aprobada por la Asamblea Nacional el 16 de julio y entró en vigencia el 20 de este mismo mes, en medio de las protestas cívicas contra el régimen violento de Daniel Ortega y Rosario Murillo Zambrana.
“…tomando en cuenta el contexto en que fue creada, la aprobación de esta Ley quiso imprimir en la sociedad un chilling effect –efecto escalofriante de la Ley- y un sentimiento de persecución interinstitucional, con el fin único de desmovilizar las legítimas protestas sociales desarrolladas desde el 18 de abril”, se lee en el documento.
Piden anular artículos
En el escrito piden anular el artículo 44 de dicha ley (donde conceptualizan el delito de terrorismo), por contravenir cuatro derechos fundamentales como la seguridad jurídica, derecho a ser juzgado por causa previamente establecida, por no reconocer tratados internacionales y violación al principio de legalidad.
“Señalamos todas las disposiciones que violan constitucionales y por ende derechos humanos de las personas juzgadas bajo esta ley que es ilegal hecha precisamente para criminalizar la protesta social. Perseguir a los opositores de este Gobierno”, expresó Vilma Núñez presidenta del Cenidh.
La semana pasada varios representantes de la sociedad civil presentaron otro recurso por Inconstitucionalidad parcial contra esta misma normativa. El escrito fue presentado por el doctor Alberto Novoa, exprocurador general de la República.
El recurso fue interpuesto contra el presidente de la República Daniel Ortega y contra el diputado orteguista Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional.
Núñez explicó que aunque no se confíe en el actual poder judicial se tienen que agotar los mecanismos legales internos para luego ir a los organismos internacionales.
En el escrito también citan al portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Rupert Colville, quien criticó dicha normativa en una conferencia de prensa dada en Ginebra el 17 de julio del corriente año:
“El texto es muy vago y permite una amplia interpretación que podría provocar que se incluyera (en la definición de terrorista) a personas que simplemente están ejerciendo su derecho a la protesta… Vemos una tendencia a criminalizar a defensores de los derechos humanos o a gente simplemente por el hecho de participar en protestas”, se lee en el escrito.