El sector empresarial nuevamente alzó su voz para recordarle a la dictadura de Daniel Ortega que la falta de gobernabilidad es el principal obstáculo para que Nicaragua recupere la estabilidad económica, social y la justicia.
El sector privado demandó que se retome a lo inmediato el Diálogo Nacional con la mediación de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) y la incorporación de garantes internacionales que avalen el cumplimiento de los acuerdos alcanzados. El Diálogo está suspendido desde el 16 de junio.
A través de un comunicado, el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) le recordó al Gobierno que la crisis que enfrenta el país desde el 18 de abril ha sido provocada por la “intolerancia irracional al disenso político”.
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Además de las millonarias afectaciones económicas, los 162 días de crisis que han dejado —según algunas organizaciones defensoras de derechos humanos— más de quinientos muertos, miles de heridos y decenas de encarcelados y desaparecidos, solo puede ser resuelta a través de un acuerdo político.
Para el sector privado, es urgente retomar el Diálogo debido a que es la única herramienta que permitirá el acuerdo que responda a las demandas de justicia, democracia, seguridad y progreso de la mayoría de nicaragüenses. “Resulta prioritario que se reinstale a la mayor brevedad el Diálogo con la participación de la Conferencia Episcopal de Nicaragua como mediador y testigo”, dice Cosep.
Insisten también en que, para garantizar el cumplimiento de los acuerdos que surjan de la mesa de conversaciones, se necesita la incorporación de garantes internacionales.
Adelantar elecciones
“La respuesta pasa por un acuerdo político que permita adelantar las elecciones de una manera ordenada, transparente, debidamente observadas y con un Consejo Supremo Electoral renovado, en fechas a ser determinadas en el ámbito del Diálogo Nacional”, afirma el Cosep.
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El 30 de mayo pasado, las organizaciones del sector privado —incluido el Cosep, la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham) y la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides)— a través de una carta enviada al dictador Daniel Ortega pidieron una salida pacífica que evitara que la crisis se agudizara. Esta pasaba por el adelanto de las elecciones con un Consejo Supremo Electoral renovado.
Amcham respaldó el llamado a retomar el Diálogo y advirtió que en la medida en que se posponga esa posibilidad se agudizará la crisis y se elevará el número de víctimas.
De acuerdo con Amcham —organización que aglutina a las empresas de capital estadounidense—, la falta de gobernabilidad es el principal obstáculo para que Nicaragua recupere la estabilidad social, económica y la justicia y “postergar el Diálogo, causará más muertes y daños irreparables a nuestro país”. Añade el pronunciamiento de Amcham que “la voluntad política del Estado es fundamental para lograr la estabilidad social y económica deseada por todos los nicaragüenses”.
La amenaza de Ortega
Además de negarse a retomar el Diálogo, el sábado en la clausura de una jornada de movilización de los empleados públicos que mantuvo paralizado durante toda la semana el aparato estatal, Ortega acusó a los empresarios de jugar al “terrorismo económico”, y ante la posibilidad de que se convoque otro paro nacional, los amenazó con enviar a la Policía Orteguista para garantizar que mantengan sus empresas abiertas.
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Por su parte, Funides expresó que las declaraciones de Ortega “no aportan hacia la búsqueda conjunta de una solución cívica y pacífica a la crisis política, sino que exacerban y profundizan la fractura social que actualmente vive el país”.
El pronunciamiento de Funides pide también la reanudación de las conversaciones y señala que “las acusaciones de terrorismo económico contra el sector privado son una forma de criminalización de la protesta”.
Los gremios empresariales exigen la liberación de los presos políticos y el desarme y la disolución inmediata de los grupos parapoliciales.
Inseguridad ciudadana y jurídica
Organizaciones del sector empresarial advirtieron al régimen que la crisis sociopolítica que enfrenta el país desde hace 162 días ha afectado severamente la confianza de los empresarios e inversionistas en el clima de negocios y la capacidad del país para atraer inversiones y acceder a financiamiento. Esto, aseguran, ha deteriorado la capacidad productiva del país.
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“También es una realidad la inseguridad ciudadana y jurídica que se vive cotidianamente por la persistencia de la represión y los procesos de confiscación de hecho a través de la toma de tierras en franco irrespeto al derecho a la propiedad privada que nuestra Constitución reconoce y tutela”, dijo el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) a través de su comunicado.
En tanto, la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) señaló que la falta de consenso y voluntad política para resolver las demandas de la población, junto a ponerle fin a la represión violenta, han encaminado al país “a una crisis política que ha derivado en una económica”.