Mientras la Policía Orteguista (PO) asedia e impide las protestas en las calles de los autoconvocados contra el régimen de Daniel Ortega, el ejecutivo sigue convocando a sus simpatizantes y obligando a los empleados públicos a realizar plantones y marchas que se pagan con fondos estatales.
Para hoy 3 de octubre y el sábado 6 de octubre se anunciaron otras caminatas y caravanas oficialistas denominadas “Octubre Victorioso”, siempre con la supuesta demanda de “justicia, paz y reparación” a las víctimas de las protestas ciudadanas, que el régimen insiste en que fue un intento de golpe de Estado.
El sociólogo y analista político, Óscar René Vargas explicó que al montar sus propias manifestaciones el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) trata desesperadamente de dar la ilusión de que goza de respaldo de la mayoría de población, cuando en la realidad es más grande el repudio hacia los gobernantes.
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Los resultados de la encuesta reciente de la consultora internacional Cid Gallup indican que el dictador Daniel Ortega solo cuenta con un 23 por ciento de aprobación entre la población, muy por debajo de su techo del 38 por ciento con el que regresó al poder en 2007.
El deterioro de la imagen de Ortega se profundizó por la represión a las protestas ciudadanas iniciadas en abril, y que dejan entre 322 y 512 muertos y miles de heridos y cientos de presos políticos.
Vargas, quien es uno de los opositores perseguidos por el régimen, dice que utilizar siempre a la Policía Orteguista (PO) y a sus grupos de choque para reprimir las manifestaciones pacíficas de los autoconvocados es parte de la fase de la dictadura por retomar el control de las calles al costo que sea.
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Vende ilusión
El mantener a los empleados públicos y a sus simpatizantes en plantones y marchas son “un engaño” del régimen, en opinión de Vargas por querer vender al mundo que la mayoría de la gente le respalda, “lo cual ya nadie le cree”.
Según estimaciones de economistas independientes, cada día de suspensión de los servicios en las instituciones públicas para que los trabajadores participen en las actividades partidarias tiene un costo de 145 millones de córdobas.
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“La descalificación institucional contra los ciudadanos se volvió marejada. Nicaragua es un país con demasiadas insatisfacciones sepultadas en el tiempo, por décadas de pobreza, de injusticias, de sueños soterrados. Antes del 18 de abril no había cauce político, solo había represión; a partir de 18 de abril, el cenote subterráneo salió a la superficie y se convirtió en torrente”, refirió Vargas.
Ese analista dice que al considerar “ilegales” las marchas ciudadanas el régimen entra en una fase represiva, pero profundiza el rechazo hacia la dictadura.