El régimen de Daniel Ortega ha publicado en La Gaceta, Diario Oficial, los reglamentos de la Ley de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Ley contra el Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, que son los instrumentos legales con los cuales está procesando y condenando a los presos políticos acusados de terrorismo por haber participado en la rebelión cívica de los últimos meses.
Se considera que con esas reglamentaciones la dictadura orteguista oficializa el Estado policial, ya que le permiten a la UAF acceder a toda la información de las personas y las ONG que las instituciones estatales, en razón de sus competencias, recolectan y guardan en sus archivos y bases de datos.
Juristas independientes y defensores de los derechos humanos denuncian que esas disposiciones reglamentarias son inconstitucionales, y en todo caso absolutamente antidemocráticas, dictadas únicamente con fines de represión política.
En realidad, lo que está haciendo el régimen es fortalecer el Estado policial que de hecho ya existe y funciona en Nicaragua desde hace varios años; se ha venido montando desde 2007, cuando Daniel Ortega recuperó el poder presidencial y comenzó a restaurar la dictadura, subordinando la Policía a sus fines políticos, despojándola poco a poco de su carácter nacional y convirtiendola en una fuerza policial orteguista.
A fin de sustentar el Estado policial el régimen de Daniel Ortega creó una extensa red de espionaje político y control social, con los llamados Consejos del Poder Ciudadano (CPC) y Comités de Liderazgo Sandinista (CLS) integrados por militantes fanáticos, que están presentes y actúan en todas las ciudades, poblaciones, barrios y cuadras urbanas, así como en los caseríos rurales y en las dependencias del Estado y el Gobierno.
Ahora se ve con claridad, que lo que la propaganda oficial presentaba al mundo como la mejor Policía de la región en el país más seguro de Centroamérica —y la comunidad internacional lo creía y elogiaba ingenuamente—, no era sino un poderoso y eficiente aparato policial represivo, de carácter totalitario, apoyado en las organizaciones de base del partido oficialista y al servicio de una familia que pretende perpetuarse en el poder.
En la literatura y la ciencia política se define como Estado policial a aquel donde el Gobierno controla estrictamente a la sociedad, particularmente a las personas y sectores que estima de riesgo para el sistema; un Estado que suprime las libertades y derechos civiles y cuenta con un poderoso aparato policial integrado por mandos y miembros inescrupulosos.
Se trata de un sistema de poder político absolutamente antidemocrático, contra el cual el pueblo de Nicaragua se rebeló justamente el 19 de abril.