Diputados del FSLN defienden represión contra la población

"Sí existe el derecho a la manifestación pero existe la obligación, según la Ley 872, de solicitar un permiso otorgado por la Policía”, dijo el orteguista Carlos Emilio López

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En el 2018, desde que inició la lucha cívica en el país, en abril, el organismo contabilizó más de 4,500 denuncias, las cuales en su mayoría correspondían a amenazas de muerte. LA PRENSA/O. NAVARRETE

Los diputados orteguistas Luis Barbosa y Carlos Emilio López defendieron los procesos judiciales ilegales a estudiantes, campesinos y ciudadanos así como que la Policía Orteguista (PO) impida las marchas pacíficas, alegando el mismo guion del régimen: se ha actuado para impedir un supuesto golpe de Estado contra Daniel Ortega y Rosario Murillo.

López y Barbosa descalificaron la mesa del Diálogo Nacional,en la cual la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) es mediadora y testigo, diciendo que en ese escenario el fin fue un supuesto golpe contra Ortega.

Las reacciones de los orteguistas se dieron tras el amago de María Fernanda Flores, diputada del PLC, quien en el plenario reclamó por las series de abusos contra la población que protesta por parte de la PO y exigió la liberación de los presos político. El PLC es aliado de Ortega.

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López, exprocurador para la defensa de los derechos de la niñez y adolescencia, calló sobre los más de 20 menores de edad asesinados por paramilitares y la PO en casi seis meses de represión a las protestas. Ayer el diputado se dedicó a defender a Ortega al decir que “se violentan los derechos humanos políticos cuando se pretenden adelantar las elecciones”.

Sobre la intimidación y brutalidad de la PO contra los manifestantes, López no lo considera una violación de derechos humanos ni de la libre manifestación pacífica.

“La Constitución establece el derecho a la reunión pacífica…, sí existe el derecho a la manifestación pero existe la obligación, según la Ley 872, de solicitar un permiso otorgado por la Policía”, dijo López.

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Ataque al Cosep

Barbosa, representante sindical y miembro del gobierno en el Diálogo, descartó que se reinstale esa mesa y atacó al Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), diciendo que al ser parte de la Alianza Cívica “son parte de este fracasado golpe”.

José Adán Aguerri, presidente del Cosep, respondió este martes a esos señalamientos y dijo que la crisis la causó “el uso desproporcionado de la fuerza por parte del Gobierno, fuerzas afines y sus simpatizantes” que deja “cientos de muertos, miles de heridos, encarcelados, secuestrados y desaparecidos”.

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«Nuestro objetivo desde el inicio de esta crisis fue, es y será que como país recuperemos la gobernabilidad, la paz y la convivencia pacífica entre todos los nicaragüenses y por esta razón es que seguiremos insistiendo en una salida a través del diálogo porque nuestra convicción es que esta es la herramienta que nos permitirá alcanzar como país, a través de la negociación y no de mayor confrontación, un acuerdo político que responda a las demandas de la inmensa mayoría de los nicaragüenses», afirmó Aguerri,