Los exparamilitares Edgardo Antonio Solís Arias y Juan Antonio Rivera Centeno, utilizados por el régimen de Daniel Ortega para “limpiar” los tranques en Carazo a cambio de tierras para viviendas, fueron declarados culpables este miércoles por uso falso de documento en perjuicio del Estado, aunque no se probó en juicio la falsedad de los mismos, pues no hubo peritaje al respecto, argumentaron sus defensas.
Entre abril y julio de este año, la mayoría de la población levantó tranques en las salidas de los departamentos como método de protesta contra el régimen orteguista, por la represión que para entonces había cobrado más de trescientas vidas de autoconvocados.
Ambos exparamilitares confesos fueron procesados porque supuestamente vendieron lotes de terrenos de la finca Santa Gema o El Rosario, ubicada en San Marcos, Carazo, propiedad reclamada por el Estado de Nicaragua, aunque lugareños dicen que han visto a extranjeros preguntando por la propiedad.
La juez María Lourdes López, titular del Juzgado Local Único de San Marcos, consideró que la Procuraduría General de la República (PGR), quien era la parte acusadora, no presentó las pruebas suficientes o necesarias que involucraran a los acusados en cuanto al delito de estelionato y usurpación de dominio, por lo que los declaró no culpables.
La judicial argumentó en su fallo que eran otras personas las que ocupaban el terreno y que la PGR no probó con documentos que ellos (los acusados) fueron quienes realizaron la venta de lotes.
Documentos
La documentación en copia que presentó la PGR en el juicio, como actas de compromiso, certificado catastral, escrituras públicas, entre otros, no fue enviada al Laboratorio de Criminalística de la Policía para que se comprobara su legalidad, tampoco se convocó a las personas o abogados que las realizaron.
“El uso de falso documento tiene que ser declarativo en una diligencia prejudicial o por la dictaminación o conclusión a la que puede llegar un perito, pero no fueron examinadas por el Instituto de Criminalística”, dijo una de las defensas.
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En el debate de la pena, la PGR solicitó la pena máxima de tres años de cárcel para los procesados, y las defensas Dany Arias Alvarado, abogado defensor de Juan Antonio Rivera y Jaffar Mendieta, abogado de Edgardo Solís, solicitaron la pena mínima de seis meses, aunque aseguran que apelarán.
La lectura de sentencia será el 29 de octubre a las 12:00 del mediodía.
PGR habla sobre juicio
El procurador General de la República, Hernán Estrada, expresó a través de relaciones públicas de esa institución que “el desalojo de esa propiedad se da en el marco del absoluto respeto a la propiedad privada y en el contexto de abusos cometidos por terceros”, dijo sin referirse al supuesto ofrecimiento que hiciera la procuradora auxiliar Jaqueline Torres a los tomatierras, de que la propiedad era un supuesto premio que el comandante Daniel Ortega les daba por haber servido de paramilitares y ayudaran a despejar los tranques en el país.
10 manzanas de tierra mide aproximadamente la finca Santa Gema o El Socorro, propiedad del Estado que fue invadida por precaristas utilizados como paramilitares por el régimen de Daniel Ortega.
Paramilitares confesos
Los dos hombres contaron a LA PRENSA cómo trabajaban los paramilitares en Carazo, quienes coordinados con la Policía Orteguista salieron a reprimir por varios meses a quienes se manifestaron en contra de Daniel Ortega. “A todos nosotros nos daban armas, escopetas, para que fuéramos a limpiar los tranques”, dijo Edgardo Solís y agregó que las armas se las daban en la casa del Frente Sandinista de San Marcos.
El desalojo de la propiedad por la que acusaban a los hombres se realizó el pasado sábado y en el lugar también otros tres paramilitares confesaron la forma de trabajo que mantenían para limpiar los tranques en Carazo y Masaya, principalmente.