Fiscalía pide anular sentencia que favorece a manifestantes



Fiscalía orteguista pide anular sentencia que favorece a manifestantes azul y blanco

En el mismo escrito, el Ministerio Público, solicita se cite a audiencia y una vez declarada la nulidad de dicha sentencia se convoque a un nuevo juicio en un juzgado distinto al que emitió la sentencia recurrida

25/10/2018

Abogada Yonarqui Martínez junto a Sara Oporta, mamá de uno de los autoconvocados. LA PRENSA/ M. VÁSQUEZ

La Fiscalía orteguista solicitó  al Tribunal de Apelaciones de Managua que revoque o anule la sentencia número 148-2018 de no culpabilidad que favorece a los jóvenes autoconvocados Guillermo Sobalvarro Oporta y Albert Einstein Monroe, procesados por  supuestamente meterse a robar a la casa del comisionado Juan Valle Valle, jefe de tránsito de Managua y orteguista radical que goza aparecer en actos públicos con largas armas de guerra.

En el mismo escrito, el Ministerio Público, solicita se cite a audiencia y una vez declarada la nulidad de dicha sentencia se convoque a un nuevo juicio en un juzgado distinto al que emitió la sentencia recurrida.

Dicha sentencia absolutoria la emitió la juez Nancy Aguirre, titular del Juzgado Décimo Distrito Penal de Juicio de Managua, el 16 de octubre, aunque el juicio culminó el 8 de octubre con un fallo de no culpabilidad, basada en la “duda razonable” que favorece a los enjuiciados porque las declaraciones de los testigos incluyendo el de la “víctima”, comisionado Juan Valle Valle, no coinciden en día y hora de la ocurrencia de los hechos.

Según  la Fiscalía en su escrito de apelación, la juez Aguirre no valoró bien la prueba, porque según ellos, no importa que la víctima haya dicho que el robo se dio en fecha y hora distinta a la que dijeron peritos y oficiales investigadores en el juicio.

Apelación sin fundamento

La juez en su fallo fue clara al decir que sí había ocurrido el robo, pero que los procesados no eran los responsables porque la prueba que evacuó la Fiscalía en juicio no logró desvirtuar el principio de inocencia de los jóvenes.

La abogada Yonarqui Martínez, defensa de los procesados argumentó que la apelación de la Fiscalía no tiene fundamento y que están faltando al principio de objetividad y legalidad al pedir que se revoque una sentencia absolutoria debidamente fundamentada.

“Todas las pruebas fueron contradictorias y encaminaban a una duda razonable y apelar sobre esto es otra aberración. Es improcedente, una apelación forzada, no hay argumentos legales de peso. Además, mencionan los que les conviene, pues no mencionan a los testigos ofrecidos por ellos que dijeron que los hechos fueron en la mañana, mientras la víctima dice que fue por la tarde”, dijo Martínez.

Jóvenes siguen presos de forma ilegal

A pesar que la judicial apegada al cumplimiento de las leyes  penales giró las órdenes de libertad, desde el 8 de octubre y las confirmó el 16 de octubre, las autoridades del Sistema Penitenciario Nacional no las han cumplido y los manifestantes siguen presos de forma ilegal, explicó Martínez.

“Las órdenes judiciales son de ineludible cumplimiento, no se discuten se acatan, pero aquí Gobernación hace lo que quiere. Lo que le están haciendo a mis representados es una violación a los derechos humanos, procesales y constitucionales. Aquí no hay derecho es una imposición de poderes políticos, porque en cualquier Estado de Derecho los jóvenes ya estuvieran en libertad”, recalcó la abogada defensora.

La Fiscalía presentó el escrito de apelación el 22 de octubre y se está a la espera de la admisión de dicho escrito, asignación de sala, para que esta radique el expediente y convoque a audiencia.

Antecedentes

Desde el inicio esta causa fue cuestionada por familiares de los procesados y por los mismos vecinos del comisionado Valle Valle, porque manifiestan que esa casa, ubicada en Villa Progreso, en Managua, es una fortaleza de seguridad y siempre tiene a oficiales de seguridad resguardándola y tiene instalada cámaras de videos.

Además, el supuesto robo acusado por la Fiscalía sucedió el 16 de junio, cuando los procesados ya habían sido secuestrados por paramilitares el 15 de junio, es decir, ya estaban presos en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Orteguista, conocidas como El Chipote.

El único propósito era encerrarlos porque habían estado apoyando al pueblo en las barricadas de barrios aledaños a la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), donde estuvieron atrincherados universitarios en contra del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, afirmaron vecinos.

 

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