La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantiene la persecución contra líderes campesinos, estudiantes y cualquier voz que cuestione su régimen.
La Policía Orteguista (PO) captura a los disidentes y después los presenta a los medios de comunicación de la dictadura como “terroristas”.
Así sucedió con Ronald Iván Henríquez Delgado, líder del Movimiento Campesino Anticanal en Rivas, quien fue presentado ayer jueves como cabecilla de tranque en la comunidad El Rosario, Rivas, imputándole delitos como secuestro, tortura, asaltos y otros.
Henríquez Delgado fue secuestrado en su casa por cuatro sujetos vestidos de civil que llegaron en una camioneta gris el pasado sábado.
Los sujetos le dijeron que tenían que hacerle unas preguntas, el campesino les contestó que las hicieran en su casa, pero estos se lo llevaron a la estación policial en Rivas y después fue trasladado a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocido centro de tortura el Chipote.
El comisionado Farle Roa Traña, segundo jefe del centro de torturas el Chipote, expresó que a Henríquez le “ocuparon un fusil calibre 22 y municiones, además de un tubo lanzamorteros”.
También aseguró que cuentan con quince declaraciones de testigos que “identificaron” a Henríquez Delgado como cabecilla de una organización delincuencial.
La hermana del líder campesino, Teresa Henríquez, denunció ante el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) el secuestro de su hermano este lunes.
Braulio Abarca, abogado del Cenidh, contó que Henríquez relató que la PO llegó el domingo a la casa del líder campesino y sin orden de allanamiento empezaron a revisar la vivienda. En el lugar se encontraba el hijo del campesino, un adolescente de 14 años, a quien le mostraron un arma y unos tiros, le preguntaron si pertenecía a Henríquez, a lo que respondió que el arma de fuego no era propiedad de su padre. Para Abarca, la PO sigue violentando el principio de presunción de inocencia, ya que califica a los ciudadanos como delincuentes, mientras los medios de comunicación oficialistas les llaman terroristas.
El abogado expresó que una vez más se observa la violación a los derechos humanos contra defensores de la tierra, siendo esto parte de una cuarta fase de la represión, que incluye a los periodistas.
Señala que la arremetida continúa contra los integrantes del Movimiento Campesino, como ha sucedido con Medardo Mairena y Pedro Mena, a quienes la Fiscalía los acusa por el asesinato de cuatro policías y un paramilitar del municipio de Morrito, en el departamento de Río San Juan, además de delitos como terrorismo, crimen organizado y asesinato.
La persecución a manos de paramilitares y oficiales de la PO, además de las listas que circulan en barrios, ha obligado a que muchos campesinos que se enfrentaron al dictador Ortega salgan del país. Uno de ellos fue la líder Francisca Ramírez, que junto con centenares de campesinos habían soportado durante años la represión del régimen mientras bloqueaba su lucha e intentaba minimizar sus demandas contra el proyecto del Gran Canal Interoceánico.
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Por estar en los tranques
La Policía Orteguista (PO) presentó a Raúl Ernesto Rojas Bello, de 27 años, a quien identificaron como cabecilla del tranque ubicado frente al Colegio San José, en Jinotepe, Carazo. A este supuestamente le encontraron un fusil AK-47 y un vehículo Toyota, placa CZ11046, que según la PO, ocupaba para el traslado de armas.
Al joven le imputan delitos como secuestro, tortura, lesiones, asalto, amenazas de muerte y posesión ilegal de armas de fuego, en perjuicio del Estado y sociedad nicaragüenses.
Estos delitos funcionan casi como un guion que la PO utiliza para culpar a los ciudadanos que participaron en protestas cívicas o estuvieron en los tranques contra el régimen.
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