La Provincia Eclesiástica de la Compañía de Jesús en Centroamérica ha manifestado por escrito su solidaridad con monseñor Silvio Báez, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, quien es víctima de una campaña de odio por parte de partidarios de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Es tan rabiosa la campaña oficialista contra el obispo Báez, que muchas personas temen que sea martirizado como lo fue en 1980 el arzobispo salvadoreño Oscar Arnulfo Romero, hace poco santificado.
En una declaración publicada en LA PRENSA el martes de esta semana, los jesuitas de Centroamérica denuncian que “la campaña del gobierno” contra monseñor Báez ha sido “arreciada recientemente a partir de una grabación manipulada de sus palabras”. Y señalan que “expresar opiniones es un derecho ciudadano, en tanto que espiar conversaciones privadas es un delito, mucho más si el objetivo de ese espionaje es hacer daño”.
En efecto, al expresar opiniones políticas personales el obispo Báez ejerce su derecho constitucional y humano, con eso no comete delito como han pretendido hacer creer sus detractores y perseguidores.
La Constitución Política de Nicaragua reconoce en su artículo 30 el derecho de todos los nicaragüenses “a expresar libremente su pensamiento en público o en privado”, por el medio que sea. Un poco atrás, en el artículo 26, numeral 4, la misma Constitución garantiza el derecho de toda persona a la inviolabilidad de sus comunicaciones de cualquier tipo.
De manera que monseñor Báez no comete delito al expresar opiniones que fueron grabadas clandestinamente y manipuladas con fines perversos. Los que delinquen son los que han espiado y grabado subrepticiamente sus conversaciones privadas, como advierte certeramente la comunidad jesuita.
El espionaje político está prohibido por la Constitución de Nicaragua en su artículo 96. Y en consonancia con esa norma constitucional, el Código Penal dispone expresamente en el artículo 194: “Quien ilegítimamente grabe las palabras o conversaciones ajenas, no destinadas al público, o el que mediante procedimiento técnicos escuche comunicaciones privadas o telefónicas que no le estén dirigidas, será penado con prisión de uno a dos años”.
Han sido, pues, los detractores y acusadores maliciosos de monseñor Silvio Báez, los que han cometido delito y deberían ser castigados por la justicia si en este desventurado país se respetaran la Constitución, el ordenamiento legal y la integridad física y moral de las personas dignas y honestas.
La comunidad jesuita de Centroamérica ya se había ocupado de la crisis de Nicaragua. En junio el provincial de la Compañía de Jesús, sacerdote Rolando Alvarado, abogó por una solución pacífica del conflicto y exigió respeto a la vida del padre José Alberto Idiáquez, rector de la UCA y participante en el diálogo nacional, quien también estaba siendo amenazado.