Condenan a cinco años de cárcel a un vendedor de banderas azul y blanco

Condenan a cinco años de cárcel a un vendedor de banderas azul y blanco

Según la lectura de sentencia, Luis Cuevas fue condenado a tres años y nueve meses de cárcel; más un año y tres meses de encierro y nueve meses de prisión por tenencia ilegal de armas de fuego.

La lectura de sentencia contra el comerciante Luis Cuevas Poveda, vendedor de banderas de Nicaragua, será el 7 de noviembre de 2018. LA PRENSA/ TOMADA DE LA PO

El comerciante Luis Cuevas fue señalado inicialmente de terrorista que secuestró, torturó y asaltó con escopeta en mano a varios ciudadanos en uno de los tranques de León. LAPRENSA/POLICÍA NACIONAL

Mientras el orteguismo enjuiciaba este miércoles a Luis Manuel Hernández Fuentes como coautor del robo de una cisterna que atendería supuestamente el incendio de la vivienda en el barrio Carlos Marx —donde fallecieron seis personas y aún no hay detenidos por este crimen— condenó a cinco años y nueve meses a Luis Enrique Cuevas Poveda, un vendedor de banderas azul y blanco que fue declarado culpable por la juez Tercero Local Penal de Managua, Nalía Nadezhda Úbeda Obando.

Según la lectura de sentencia, Cuevas fue condenado a tres años y nueve meses de cárcel por el delito de amenazas con armas en perjuicio de tres ciudadanos; más un año y tres meses de encierro por entorpecimiento de servicios públicos y nueve meses de prisión por tenencia ilegal de armas de fuego.

El defensor Norvin Cruz Ponce, quien calificó la sentencia como injusta e ilegal, afirmó que “esto más bien parece una especie de represalia dado a que el señor (Cuevas) estaba como advertido de que no debía vender más banderas en la protesta”.

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Recordó que su defendido estaba trabajando. “Si las ventas de las banderas le dan un buen ingreso, evidentemente que él tenía que hacer eso, una cuestión que le mejora los ingresos familiares. Al no cumplir con lo que se le había advertido, me imagino que se le abrió este proceso tan desproporcionado y sin fundamento”.

En tanto, en los juzgados se realizaba ayer una audiencia a Luis Manuel Hernández Fuentes por supuestamente secuestrar junto con otros desconocidos a tres trabajadores de la Alcaldía de Managua, al momento que estos se dirigían con una cisterna a sofocar el incendio en el barrio Carlos Marx para apoyar a los Bomberos de Managua.

El día que ocurrió dicho incendio, al sitio se hicieron presente los Bomberos Voluntarios, pero no así la Dirección General de Bomberos, pese a que estos fueron llamados e hicieron caso omiso, según se denunció en su momento.

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Hasta ahora el régimen no ha presentado a los responsables del crimen de lesa humanidad que se cometió contra seis miembros de una familia, dos menores de edad y cuatro adultos, que perecieron quemados.

Apelarán sentencia contra estudiantes

Por otra parte, familiares de los estudiantes sobrevivientes del ataque armado en la iglesia Divina Misericordia y que el martes fueron declarados culpables, rechazaron dicho fallo. La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) anunció que apelarán la resolución orteguista por señalar que la Fiscalía no presentó pruebas contra los jóvenes.

Estos jóvenes permanecieron atrincherados en la UNAN-Managua reclamando el retorno de Nicaragua a la democracia y la salida del poder del dictador Daniel Ortega.

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La abogada de la CPDH que los representaba, Verónica Nieto, señaló por ejemplo que aunque sus representados fueron declarados culpables por los delitos de terrorismo y posesión ilegal de armas, lo que encontró la Policía Orteguista (PO) en la casa refugio en el Mercado Oriental, donde estos se encontraban el 20 de julio cuando los detuvieron, fueron tres armas en mal estado, de las cuales dos eran artesanales, una de las cuales no poseía la aguja percutora y un arma sin magazine.

Nieto refirió que si se trata de “terroristas”, como fueron acusados los jóvenes, ese día en la casa refugio habían 16 personas cuando los arrestaron, por lo que la PO al menos debió haber encontrado 16 armas de fuego y en cambio en el juicio la Fiscalía demostró que encontraron tres artefactos que no pueden ser considerados armas de fuego, sin embargo el peritaje del Instituto de Criminalística aseguró “que estaban aptas para el disparo”.

Aunque los nueve detenidos son estudiantes, fueron tratados por el fiscal con “términos peyorativos diciéndoles que eran vagos, que eran delincuentes”, cuestionó la abogada de la CPDH, quien rechazó que se les atribuya a sus representados el delito de terrorismo porque “no son terroristas” sino en su mayoría estudiantes universitarios.

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Por su parte, en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) familiares de otros condenados originarios de Estelí llegaron a denunciar abusos.

Dalia Valdivia, madre de Kitzel y Kevin Pérez Valdivia, denunció que el juicio contra sus hijos se llevó a cabo a puerta cerrada y concluyó en horas de la noche del martes, cuando permitieron el ingreso de los familiares para que estuvieran con los suyos “menos de cinco minutos”. Junto a los hermanos Pérez Valdivia fueron declarados culpables otras tres personas por supuestamente poner en peligro la vida de cinco oficiales policiales, que habrían sido atacados con morteros.

Valdivia manifestó que “era de esperarse” que los declararan culpables a los jóvenes “porque desde el momento que se los lleva la Policía, los secuestra, es un hecho que ya los hace culpables a los chavalos y la fiscal está pidiendo seis años de cárcel para mis hijos”.

Todo al revés

El abogado del Cenidh, Gonzalo Carrión, expresó que en Nicaragua “opera todo al revés”, porque por ejemplo “quienes casi matan a los jóvenes en la parroquia (Divina Misericordia) esos están campantes gozando de libertad”. Y recordó que en ese recinto religioso durante ese ataque perpetrado por paramilitares ante la presencia de la Policía Orteguista murieron dos personas.

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Tras recordar que en las cárceles del país hay más de 500 presos políticos, Carrión estimó que “es muy probable que la orden sea (…) de acusar de forma despiadada, igual la orden que ya está escrita de sentenciarlos, de condenarlos”.

El abogado del Cenidh resaltó que para que haya justicia debe existir un debido proceso, pero en estos casos a la mayoría de presos políticos los detuvieron paramilitares, que antes habían actuado como “escuadrones de la muerte”, fueron acusados por la Fiscalía después de mucho tiempo de haber permanecido detenidos de forma ilegal y cuando llegan los tribunales los jueces han efectuado los juicios “en encerronas” y en muchos de los casos les han impuesto defensores públicos quienes según este, en muchos casos les dijeros a los acusados “declarate culpable”.

“Esto es aberrante, es propio de un régimen dictatorial (…) son juicios y procesos viciados sin atención a ningún derecho y por eso son políticos”, manifestó el abogado del Cenidh.

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