En su edición del 19 de noviembre LA PRENSA publicó una información sobre la clausura de un curso intensivo de formación militar de la Policía Orteguista, en la ciudad de León. Cabe señalar que la militarización de la Policía contradice la Constitución de Nicaragua, la cual establece en su artículo 97 que la institución policial “es un cuerpo armado de naturaleza civil”.
Según la mencionada información, al cerrar el curso de militarización policial el jefe de la Policía Orteguista de León, Fidel Domínguez, advirtió que en el caso de que vuelvan a poner los tranques “van a recibir ese uso de las técnicas y tácticas militares para hacerlos morder el lodo, que quedará en el piso y la derrota”.
Al parecer eso significa que la decisión de la Policía, por iniciativa propia u orden del régimen, es reprimir al pueblo de manera más despiadada que como lo hizo en junio pasado, cuando fuerzas policiales y paramilitares desmantelaron los tranques que habían sido montados por los ciudadanos leoneses.
En este mismo orden, también se ha conocido que en la reapertura de la escuela nacional de cuadros del FSLN, en la misma ciudad de León, el dirigente orteguista que la reabrió dijo que en caso de un nuevo alzamiento popular no tendrán compasión. O sea que, según él, han sido “piadosos” con la represión que ha dejado más de 500 muertos, pero ahora ya no tendrán más piedad.
Muchas personas se han preguntado y todavía no terminan de entender cómo una Policía que se tenía como la mejor de Centroamérica se convirtió súbitamente en una maquinaria de represión criminal contra los ciudadanos. ¿Por qué esta Policía, que tenía la máxima confianza del pueblo, ha degenerado en algo tan monstruoso como los aparatos policiales del estalinismo y el nazismo?
Pero la verdad es que en esto no hay nada sobrenatural. La explicación está en el mismo origen y formación ideológica de la Policía, que fue creada en 1979 de acuerdo con el modelo soviético y castrista de un cuerpo policial partidista, con la función de controlar a los ciudadanos y reprimir sin miramientos a los enemigos del poder “revolucionario”.
Los comandantes de la revolución, cuando ejercían el poder absoluto en los años ochenta ni siquiera le dieron rango constitucional a su Policía Sandinista, en la Constitución de 1987. Fue con la reforma constitucional democrática de 1995, durante el gobierno de doña Violeta Barrios de Chamorro, que la Policía quedó establecida constitucionalmente como un cuerpo armado civil apolítico y apartidista.
En consonancia con ese precepto constitucional, la Policía dejó de llamarse sandinista y fue denominada Nacional; y se sometió a un proceso de transformación civilista y profesional, según los estándares policiales internacionales del sistema democrático.
Pero el monstruo solo estaba dormido. Ortega volvió al poder, lo despertó y volvió a hacer de la Policía un instrumento de represión política al servicio de la dictadura, hasta llegar a los extremos espantosos de los últimos meses.