La activista y defensora de derechos humanos, Ana Quirós, que fue expulsada del país este lunes por el régimen orteguista, aseguró este martes al canal 100% Noticias que, previo a su deportación, fue llevada a las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, conocidas como El Chipote, en Managua.
El fin de semana, Quirós fue llamada a presentarse a la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME). Tras acudir a la citatoria este lunes, las autoridades la sacaron de las instalaciones de la DGME esposada y la llevaron al Chipote, donde le revisaron sus pertenencias y estuvo hasta las 4:00 de la tarde.
Una vez que salió de las celdas, relata, “me dijeron que no podía ingresar a Nicaragua por los próximos cinco años”. Posteriormente la subieron a un bus, donde también viajaban unas seis personas armadas con AK, quienes la tildaban de golpista e intentaban fotografiarla. La llevaron hasta la frontera de Peñas Blancas.
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En el camino, en Nindirí, Quirós dijo que la obligaron a quitarse una camiseta y una gorra de color azul y blanco que llevaba puesta y se la robaron. “Me insultaron en el camino y me insultaron en la frontera”, agregó.
Las autoridades costarricenses recibieron en la frontera a Quirós, quien aseguró que continuará trabajando por los presos políticos del régimen.
Despliegue policial
Cuando Quirós llegó a la cita este lunes a Migración, la Policía Orteguista había hecho alarde del despliegue de sus fuerzas antimotines, a las que instaló en los portones principales de esa institución.
“La citatoria no dice ni por qué ni para qué la citan y eso no es adecuado, no es correcto, es una violación de los derechos que tenemos los nicaragüenses”, manifestó la feminista Azahalea Solís.
Tampoco permitieron que la abogada del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Wendy Flores, le asistiera legalmente.
DGME se arrogó funciones que no existen
La Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) se arrogó funciones que no existen al despojar a la defensora de mujeres Ana Quirós de la nacionalidad nicaragüense, aseguran defensores de derechos humanos, que consideran totalmente arbitrario el procedimiento para despojarla de su nacionalidad.
“Es un trato violatorio de todas las normas nacionales e internacionales en materia de derechos humanos y lo fundamental es que a una nicaragüense, porque ella legalmente es una nicaragüense que su propio Estado, el gobierno de Nicaragua le de ese trato a una nicaragüense”, dijo Juanita Jiménez, del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), quien consideró que “en materia de derechos humanos es lo peor que podés hacer que a un nacional, que no le brindés protección y al contrario lo expulsés del territorio”.
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En este despojo de la nacionalidad, hay una ausencia total de procedimientos y desde allí está la violación de sus derechos, señaló Jiménez, quien consideró que “ningún procedimiento es expreso”. Recordó que todos los procedimientos, tanto administrativo como judiciales tienen un debido proceso y en el caso de Quirós eso en ningún momento fue cumplido, ni siquiera iniciado.
Mencionó Jiménez que ni siquiera, con la citatoria, esa institución cumplió con el requisito establecido, pues a Quirós no le explicaban las causas de la misma. “Fue una cita incompleta”, el procedimiento dice que debe incluir el motivo de la misma por lo que al acudir a la DGME este lunes, Quirós llevaba consigo un recurso de revisión de la citatoria, que es un recurso administrativo establecido en la Ley 761, General de Migración y Extranjería, que no le fue admitido.
“Si ni siquiera le admiten un recurso administrativo que por ley tiene derecho vos ves de entrada la violación a todo procedimiento”, afirmó Jiménez, quien puso de ejemplo que en Migración no le notificaron que la despojaban de su ciudadanía simplemente le quitaron la cédula y posteriormente la montaron en un vehículo policial y fue llevada a la celdas del Chipote”.
Si hubiesen agotado el trámite del despojo de la nacionalidad lo que debieron hacer las autoridades migratorias era ubicarla en una oficina mientras salía de las fronteras, pero en este caso a Quirós la condujeron a un calabozo donde están los presos políticos. En este caso permaneció cuatro horas en las celdas donde están Delmi María Portocarrero, una de Chichigalpa y otra de Subtiava. Una funcionaria de Migración llegó al Chipote a notificarle su expulsión del territorio nacional. Y esposada fue subida a un vehículo. “O sea hasta el último minuto de cruzar la frontera costarricense ella vivió todas las violaciones de derechos humanos que están establecidos, la criminalizaron totalmente…violencia institucional al más alto nivel y extremo”, criticó la dirigente del MAM.
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El abogado del Centro Nicaragüense Pro Derechos Humanos (Cenidh) por su parte manifestó que lo primero según la ley la DGME le debió abrir un proceso administrativo, y en una cita informarle de ello.Y luego notificarle de la resolución administrativo.
Carrión recordó que entre las causas de pérdida de nacionalidad, destacan la comisión de delitos, reincidencia de comisión de delitos y ella no tenía ninguna de las condiciones jurídica de hecho, para que fuese sujeta de pérdida de la nacionalidad, explica Carrión.
Ella debió tener derecho a la defensa, notificada para poder recurrir ante el Poder Judicial, para que haya un control de legalidad. “En cualquier parte del mundo a una persona no se le quita así no más la nacionalidad”, sostuvo Carrión.
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El artículo 64 de la Ley 761 General de Migración y Extranjería establece como causales para la pérdida de nacionalidad nicaragüense entre otros: la renuncia expresa de la nacionalidad nicaragüense; uso indistinto de su nacionalidad de origen y de la nacionalidad adquirida para salir e ingresar al territorio nacional; cuando la solicitud de nacionalización haya sido presentada con documentación fraudulenta o su contenido sea contrario a la verdad; cuando se nieguen a concurrir en defensa de la Patria en caso de agresión extranjera; y cuando fuere condenado por Actos de Traición por virtud de sentencia ejecutoriada.
De lo poco que pudo observar Quirós que estaba escrito en la resolución de expulsión fue que el régimen la acusaba de promover actos de terrorismo en la vía pública, indicó Jiménez.