El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este martes una orden ejecutiva en la que declara al Gobierno de Nicaragua “una amenaza para la seguridad nacional” de su país y autorizó, además, al Departamento del Tesoro actuar contra los implicados en la crisis política nicaragüense.
“La situación en Nicaragua constituye una extraordinaria e inusual amenaza para la seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos”, afirmó el mandatario.
“Por tanto, declaro una emergencia nacional para lidiar con esta amenaza”, dijo Trump.
El gobernante estadounidense ordenó que se bloqueen los bienes o intereses dentro de la jurisdicción de ese país de aquellos que son responsables o cómplices de graves abusos a los derechos humanos, el socavamiento de las instituciones y procesos democráticos, corrupción o acciones o políticas que amenazan la paz, la seguridad o la estabilidad del país centroamericano.
Tras la orden presidencial, el Departamento del Tesoro anunció sanciones contra la vicepresidenta Rosario Murillo y contra el asesor de seguridad Néstor Moncada Lau, exmiembro de la Seguridad del Estado de los años ochenta, quien actúa como secretario personal de Ortega y ha enfrentado cargos en el pasado por terrorismo.
La decisión estadounidense se da justo en el momento en que el régimen ha recrudecido la represión contra la ciudadanía, activistas de derechos humanos y el periodismo independiente.
La declaración completa de la Casa Blanca puede ser leída en este enlace
La nueva medida es la continuidad de la decisión tomada el pasado 5 de julio cuando Estados Unidos aplicó la Ley Magnitsky a funcionarios cercanos al entorno de Ortega, entre ellos su tesorero Francisco López Centeno; su consuegro y actual director de la Policía Nacional, el primer comisionado Francisco Díaz Madriz, y el operador político y secretario de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno.
En diciembre de 2017, el primer funcionario nicaragüense sancionado con la Magnitsky fue el expresidente del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas, señalado por opositores como uno de los responsables de los fraudes electorales a favor del orteguismo.
En la orden ejecutiva Trump hizo referencia a la situación de Nicaragua caracterizada por la respuesta violenta del Gobierno a las protestas cívicas que iniciaron el 18 de abril, las cuales fueron violentamente reprimidas por el régimen, según organismos de derechos humanos nacionales e internacionales.
De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tras la represión murieron 325 personas, pero otros organismos como la Asociación Nicaragüense pro Derechos Humanos (ANPDH) han elevado el número de víctimas a 535.
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La situación democrática del país ha estado bajo la lupa de Estados Unidos desde hace meses. El 2 de noviembre pasado, el asesor de Seguridad de Trump, John Bolton, cuestionó a las dictaduras de Venezuela, Nicaragua y Cuba, y anunció sanciones severas durante un evento en Miami, Florida.
Bolton aseguró entonces que el régimen de Daniel Ortega sentirá “el peso total” de las sanciones de Estados Unidos, mientras en Nicaragua no haya elecciones libres y se restaure la democracia.
Régimen dice ser “raza invicta”
A través de un comunicado, divulgado al final de la tarde, el régimen respondió con acusaciones de “injerencismo” a EE.UU., sin embargo no dijo una sola palabra sobre las graves violaciones a derechos humanos cometidas por el orteguismo.
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“Proclamamos que somos una raza invicta, que no nos vendemos ni nos rendimos, y que exigimos Patria Libre, con las Banderas y el Corazón en alto”, proclamó la dictadura en su pronunciamiento.
En un documento, de 371 palabras pero con poca sustancia, además, se declaran herederos de Sandino e invocan a los héroes y mártires que en todos los tiempos “han dado su vida por una Nicaragua libre” para atacar al gobierno estadounidense.
“Como decía nuestro Darío inmortal, Estados Unidos puede tener todo, pero le falta una cosa : ¡Dios !”, agrega el documento que fue colocado inmediatamente en los medios oficialistas.
Gran alcance de la orden
La orden ejecutiva “bloquea todos los bienes e intereses en la propiedad dentro de la jurisdicción de los Estados Unidos de cualquier persona determinada por el secretario de Hacienda, en consulta con el secretario de Estado”.
La orden manifiesta que se aplica también en el caso de “haber asistido, patrocinado o proporcionado con apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios en apoyo” en lo relacionado con abusos de derechos humanos y los puntos citados como el socavamiento a los procesos democráticos.
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“He delegado en el secretario de Hacienda, en consulta con el secretario de Estado, la autoridad para tomar tales acciones, incluida la promulgación de normas y reglamentos, y para emplear todos los poderes otorgados al presidente por la ley de Poderes Económicos de Emergencia Nacional”, sostuvo Trump. El congresista Mario Díaz Balart y el senador Marco Rubio están entre quienes expresaron su respaldo a la decisión del gobernante estadounidense.