A pocos días de vencerse el plazo para que deudores de bancos, financieras y aseguradoras afectados por los sucesos de abril soliciten “condiciones especiales temporales” con el fin de honrar sus deudas ante el impacto de la crisis sociopolítica, algunos consideran que debido al creciente deterioro económico la normativa que permite acceder a dicho alivio debe extenderse más allá del 31 de diciembre.
De lo contrario, el sistema financiero sufrirá mayor deterioro en la calidad de la cartera crediticia.
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Además aseguran que lo primordial es alcanzar un acuerdo político que ponga fin a la crisis, pues mientras esta persista, seguirán sumándose personas y empresas que no puedan pagar sus deudas.
“Hay usuarios a los que la normativa ha beneficiado, pero la percepción general es que en seis meses que están por vencerse (el 31 de diciembre) la situación de muchos no ha mejorado, entonces van a tener dos opciones: pedir nuevas condiciones de alivio o solicitar que se cree una nueva normativa o marco legal que facilite, más que prórroga, ajustar los pagos de acuerdo a la capacidad de los clientes”, explicó Juan Carlos López, coordinador del Centro Jurídico Social de Ayuda al Consumidor (CJSAC).
Tras el estallido de la crisis sociopolítica el 18 de abril, la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Siboif) emitió el 29 de mayo una norma para “establecer condiciones especiales temporales de alivio a los deudores, que les permitan atender adecuadamente sus obligaciones ante el potencial o real deterioro de su capacidad de pago”.
Dicho beneficio es aplicable a créditos de consumo (excepto tarjetas de crédito y extrafinanciamientos), hipotecarios para vivienda, microcrédito y créditos comerciales que al 31 de marzo de 2018 estuviesen calificados en categoría “A” o “B”. La fecha límite para solicitar este beneficio es el próximo 31 de diciembre de este año.
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Debido a la agudización de la crisis, según López, muchos de los beneficiarios de esta norma actualmente están en peores condiciones económicas que hace dos o tres meses, por lo que las instituciones procederán a ejecutar las garantías. Entonces lo adecuado sería emitir una nueva normativa o aprobar una ley moratoria.
Dado el creciente deterioro de la economía y el incremento de los costos que implica la renegociación de las deudas y que muchos deudores no tienen capacidad de asumir, el economista Alejandro Aráuz considera que lo primordial es encontrar una solución política que ponga fin a la crisis sociopolítica, ya que solo así se detendrá el deterioro de la economía.
“Lo adecuado es que se resuelva este problema político, porque de nada sirve una normativa de este tipo ya que el incremento de la mora no tiene solución, ni lo va a tener, por la prolongación de quiebras de empresas y la pérdida de empleos por la caída de las economía, entonces no hay capacidad de pago, aunque se haga reconversión de créditos o arreglos de pago, no tiene sentido hacerlo”, sostuvo Aráuz.
Para el economista el fuerte deterioro de la capacidad de pago que enfrentan los deudores, seguirá incrementado la mora, por lo que la Siboif debería valorar la normativa desde el punto de vista de la utilidad que ha tenido la norma, ya que no se conocen cifras oficiales de los beneficiados.
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“La clave de esto es la quiebra de las empresas y la pérdida de empleos, entonces mientras más se prolongue la crisis va a golpear más a los bancos y a retrasar más la recuperación de los recursos por parte de los clientes de los bancos, entonces no queda más que seguir buscando la solución política”, advirtió Aráuz.
Nicaragua cerró septiembre con una tasa de morosidad en el SFN que supera por primera vez en varios años la media a nivel de Centroamérica (2.4 por ciento), según detalló el BCN.
Este deterioro de la mora coincide con el aumento del desempleo, como consecuencia de la crisis sociopolítica que ha provocado la pérdida de más de cuatrocientos mil puestos de trabajo.
Asomif satisfecha
Sharon Riguero, directora ejecutiva de la Cámara de Microfinanzas (Asomif), asegura que la normativa emitida en mayo por la Comisión Nacional de Microfinanzas (Conami) con el objetivo de otorgar “condiciones especiales temporales” para deudores de microcrédito, personal, hipotecario y para desarrollo empresarial afectados ha sido muy efectiva, en el sentido que “le ha dado alivio a las instituciones y también a los clientes”.
Aunque esta no tiene una fecha límite para solicitar el beneficio, Riguero considera que dado el franco deterioro de la economía, sería oportuno ampliar el plazo establecido para la afectación. La disposición establece que en dependencia del tipo de crédito que solicite modificación de las condiciones de pago, al 31 de marzo debía tener calificación “A”, “B” o “C”.
Con respecto a este cambio de plazo, según Riguero, la Conami —que es el ente regulador del sector— ha solicitado que cada institución solicite por separado la ampliación de esta fecha.