El régimen de Daniel Ortega ordenó a través de un acuerdo presidencial crear un tercer gabinete gubernamental desde que estalló la crisis sociopolítica, en los que excluye por completo al sector privado, alejándose de esa manera de su antiguo modelo de alianza y consenso que por casi una década mantuvo con la gran empresa mientras socava los cimientos de la democracia e institucionalidad.
El último gabinete creado por el régimen, en el que excluye por completo al sector privado, es el de Infraestructura constituido mediante el decreto presidencial 28-2018 denominado, el que solo está integrado por instituciones estatales.
Lea además: Nicaragua aprueba ley que permite crear bonos para garantizar estabilidad al sistema financiero
El nuevo gabinete, el que funcionará bajo la rectoría de la Presidencia de la República, tendrá como función buscar financiamiento, coordinar estudios, diseños y construcción de obras de infraestructura del sector público.
Este está integrado el Ministerio de Transporte e Infraestructura, el Instituto de Fomento Municipal, la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados, Empresa Portuaria Nacional, un delegado de la Alcaldía de Managua, representantes de la Asociación de Municipios de Nicaragua. Y finalmente, cualquier delegado que indique la Presidencia de la República, según el acuerdo publicado el 3 de diciembre de este año.
Pese a que el sector privado es uno de los mayores ejecutores de las obras públicas, el régimen los dejó fuera del comité.
“En dependencia a las acciones y políticas a coordinar, podrán ser invitados a participar en el Gabinete de Infraestructura titulares de otras empresas y fondos públicos que actúen en el sector de infraestructura”, señala el acuerdo.
Le puede interesar: Gabinete de energía no incluye a generadores y distribuidores
Este gabinete surge en momentos que el régimen afronta dificultades para obtener recursos externos e internos para financiar la infraestructura, así como la reducción en las donaciones, que son claves para financiar el Programa de Inversión Pública.
El régimen dejó por fuera, por ejemplo, a la Cámara de la Construcción de Nicaragua y la Cámara de Urbanizadores de Nicaragua, ambas miembros del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep).
El gabinete de las finanzas
En agosto de este año, por otro lado, el régimen creó el Comité de Estabilidad Financiera, el que solo integra al Banco Central de Nicaragua, la Superintendencia de Banco y otras instituciones financieras (Siboif), al Comisión Nacional de Microfinanzas (Conami) y el Fondo de Garantía de Depósitos, así como el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP).
La misión de este comité, que fue creado mediante una ley aprobada por la Asamblea Nacional, es trabajar en la búsqueda de propuestas enfocadas en lograr la estabilidad financiera.
Este comité excluye por completo a la banca nacional, organizada por ejemplo en la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp) o la Cámara de Microfinanza de Nicaragua, ambas del Cosep.
También: Industria y Comercio demandan menos electricidad por la crisis en Nicaragua
La ley creadora de dicho comité solo deja abierta la posibilidad de que los miembros del comité pueden invitar a sus sesiones a representantes del sector financiero para que hagan sus aportes.
Excluidos del gabinete de energía
Además, a través de un acuerdo presidencial, el ejecutivo formalizó el mes pasado la creación del Gabinete de Energía, que si bien funcionaba desde finales del 2016, fue hasta este año cuando se le dio fuerza legal. De este dejó excluida a la Cámara de Energía de Nicaragua (CEN), miembro del Cosep.
A través del decreto presidencial 24-2018, se creó el Gabinete que estará integrado por: el ministro de Energías y Minas, el presidente ejecutivo de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (Enatrel), el presidente del Consejo de dirección del Instituto Nicaragüense de Energía (INE), el ministro de Hacienda y Crédito Público, el presidente ejecutivo de la Empresa Nicaragüense de Electricidad (Enel), el presidente de la junta directiva de la Empresa Nicaragüense de Petróleos (Petronic) y el asesor del presidente de la República para temas de energía.
Además, un inciso del decreto, deja abierta la posibilidad de invitar a otros actores, que cuenten con la autorización del Gobierno.
Además de excluir a la CEN que aglutina a las empresas privadas que generan más del 50 por ciento de la energía que se produce en el país, la instancia también dejó por fuera a la empresa distribuidora de electricidad.