La inclusión del Estado de Nicaragua en el Capítulo IV, de su informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), debido a la grave situación de derechos humanos, fue una de las principales solicitudes efectuadas por varias organizaciones de la sociedad civil, durante la audiencia con motivo del 170 período de sesiones de ese organismo.
La petición fue presentada por la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, a nombre de ese organismo y en representación de diez organizaciones entre las que destacan Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), la Alianza Mundial para la Participación Ciudadana y el Centro de Investigación de la Comunicación (Cinco).
En un pronunciamiento posterior esas organizaciones señalan “Unimos nuestras voces para declarar que nada en Nicaragua es, ni está normal. Nos encontramos frente a un gobierno autoritario decidido a transgredir la soberanía de su pueblo para permanecer en el poder”.
“Consideramos que al quiebre al Estado de derecho que atraviesa el país amerita una respuesta diferenciada y un seguimiento minucioso”, destacan en su pronunciamiento.
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El abogado del Cenidh, Gonzalo Carrión, recordó que el Capítulo IV del informe anual de la CIDH está reservado a los estados que tienen un récord “nefasto” y “para nada honroso”, debido a la sistemática violación a los derechos humanos.
Carrión indicó que en el pasado el Cenidh ya había efectuado igual solicitud porque estiman que en el país ya había acumulación de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, tanto en el campo como en la ciudad.
Y en los más de siete meses de represión ha habido “concentración de abuso”, como ejecuciones y muertes, por lo que dice Carrión la situación está más clara para que la Comisión ubique al Estado en ese Capítulo IV.
Lo que establece la CIDH
Tras unas “Reformas del Reglamento, Políticas y Prácticas”, la CIDH incluyó modificaciones respecto del contenido del Capítulo IV de su Informe Anual que lo dividió en dos seccione A y B. En el informe anual 2017 fueron incluidos Cuba y Venezuela
En la sección A presenta un panorama anual sobre la situación de los derechos humanos en el hemisferio, derivado de la labor de monitoreo.
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Entre los criterios vigentes para incluir a un estado en la sección B, destacan que incurra en una violación grave de los elementos fundamentales previstos en la Carta Democrática Interamericana, como acceso discriminatorio o un ejercicio abusivo del poder que socave o contraríe el Estado de Derecho.