Mientras 674 presos políticos permanecen encerrados ilegalmente, algunos incluso con orden de libertad como es el caso de Alex Vanegas, la dictadura se prepara para liberar a más de mil reos comunes bajo la figura de convivencia familiar.
Pablo Cuevas, asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), consideró “un acto vil y de manipulación política” de la pareja de dictadores —Daniel Ortega y Rosario Murillo—, porque quieren parecer “magnánimos” con la liberación de reos comunes, mientras aumenta la represión política.
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Ayer la ministra de Gobernación, María Amelia Coronel, anunció que “continuando la política de unidad familiar y la reinserción social” se benefició “con el perdón presidencial a más de mil presos y presas, que se otorgará en este mes de diciembre 2018, mediante el beneficio legal de convivencia familiar”.
“Los presos y presas serán entregados a sus familiares en bonitos convivios de alegría navideña y fin de año”, dijo Coronel en la Asamblea Nacional, donde parte del gabinete realizó su propio acto de conmemoración de los setenta años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
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Mientras eso sucedía, en un nuevo acto de intimidación antimotines orteguistas se desplegaron en los sectores de las oficinas del Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (Cenidh) y de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), organismos que han denunciado los crímenes durante los once años de régimen de Ortega.
La dictadora Rosario Murillo reiteró en sus medios oficialistas que “por decisión presidencial” Gobernación “ha otorgado convivencia familiar a más de mil prisioneros de los sistemas penitenciarios de todo el país”.
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El asesor legal de la CPDH, Pablo Cuevas, cuestionó el actuar del régimen pues explicó que en Gobernación y el Sistema Penitenciario durante todo el año se niegan a cumplir las órdenes de libertad de los jueces para cientos de personas.
Desde el estallido de las protestas en abril las cárceles se han llenado con gente secuestrada por la PO y paramilitares.
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“Y aquí hay cientos de ciudadanos inocentes que están encerrados en las cárceles por haberse manifestado en las calles contra este gobierno y que van a pasar la Navidad encerrados, lejos de sus familias. Estoy seguro de que ninguno de ellos será liberado porque si hubiese en verdad voluntad, don Alex Vanegas ya estaría en su casa”, dijo Cuevas,
Vanegas lleva más de cuarenta días secuestrado por la PO en los calabozos del Chipote, a pesar de que desde el 6 de diciembre existe una orden judicial de liberarlo.
También hay orden judicial de liberar a los jóvenes autoconvocados Guillermo Sobalvarro Oporta y Albert Einstein Monroe, declarados no culpables del supuesto robo ocurrido en la casa del comisionado Juan Valle Valle, jefe de Tránsito de la Policía Orteguista en Managua. Los jóvenes Sobalvarro y Monroe llevan casi siete meses de detención ilegal en las cárcel del Sistema Penitenciario Nacional, en Tipitapa.
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Cuevas, de la CPDH, explicó que el Código Procesal Penal, la Constitución y la Ley 473, Ley del Régimen Penitenciario y Ejecución de Pena, establecen una serie de sistemas progresivos para ir insertando a la sociedad aquellos ciudadanos que cometieron delitos menores, sistema que incluye el de convivencia familiar.
“Desde hace cuatro años aparecieron con la genial idea de otorgarlo como un perdón del presidente. El que esos ciudadanos pasen a convivencia familiar no es un acto de magnanimidad, sino una obligación por imperio de ley, y no debería ser en diciembre, sino constante en el año, deben hacer revisiones periódicas y otorgarlas cuando un ciudadano cumple los requisitos”, refirió Cuevas.
No existe “perdón presidencial”
El jurista Gabriel Álvarez explicó que la figura del “perdón presidencial” no existe en la Constitución, ni en la Ley del Régimen Penitenciario ni en la Ley de Organización del Ejecutivo, para otorgar la libertad con el beneficio de convivencia familiar a quienes han sido condenados por un delito. Indicó que por ley ese beneficio es propuesto por la autoridades penitenciarias u otorgado por un juez de ejecución a petición del abogado del interno.
Explicó Álvarez que lo que existe es el indulto que aprueba la Asamblea, el cual puede solicitarlo el presidente
“Los reos comunes tienen derecho a recibir el beneficio, pero el Gobierno quiere hacer campaña política y de reconciliación mientras mantiene encarcelados a más de seiscientos reos políticos. Si lo que quiere es dar un gesto político de reconciliación real, debería permitir que los presos políticos pasen con sus familias las Navidades y anular los procesos judiciales que a todas luces han sido ilegales”, dijo Álvarez.
674 reos políticos
Según la lista preliminar del Comité de Presos Político, del 18 de abril al 10 de diciembre la dictadura de Daniel Ortega tiene encarcelados a 674 ciudadanos por haber participado en las manifestaciones sociales contra la pareja de dictadores. Estas personas fueron “secuestradas arbitrariamente” por la PO y los paramilitares, “siendo reportadas como presas políticas o desaparecidas a través de redes sociales o denuncias públicas de familiares o amigos a organismos de derechos humanos nacionales”, según el Comité.