Congreso de EE.UU aprueba la Nica Act y queda lista para ser firmada por Donald Trump

La legislación pasará a manos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump para ser firmada en un plazo de diez días, luego las sanciones entrarán en vigencia

El Congreso de Estados Unidos aprobó la iniciativa de ley conocida como Nica Act, reforzada en el Senado. LA PRENSA/ ARCHIVO

El Congreso de Estados Unidos aprobó la iniciativa de ley conocida como Nica Act, reforzada en el Senado. LA PRENSA/ ARCHIVO

Sin objeción fue aprobada en el Congreso de Estados Unidos, la tarde del martes 11 de diciembre, la ley de sanciones contra la dictadura de Daniel Ortega, la Nicaraguan Investment Conditionality Act, bautizada desde su aprobación en el Senado como (iniciativa de) Ley Nica.

Con ello concluye el largo recorrido en ambas cámaras legislativas, el Senado y Cámara de Representantes, y ahora solo falta la firma del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para convertirse en ley.

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La legislación está dirigida a corruptos y violadores de derechos humanos en Nicaragua.

El Congreso ratificó la enmienda que incluyó y aprobó el pleno del Senado, el pasado 27 de noviembre.

Esa versión fue conciliada con la aprobada por el Congreso el 3 de octubre de 2017, la H.R. 1918, conocida como Nica Act, cuya autora es la congresista Ileana Ros-Lehtinen.

Con la aprobación de este martes, ahora solo existe una versión denominada la Ley Nica, que constituye el nuevo programa de sanciones contra la dictadura, una vez que sea firmada por el presidente Trump.

Esa enmienda incluye el proyecto de ley de sanciones propuesto por el senador Bob Menéndez, la Ley de Anticorrupción y Derechos Humanos de Nicaragua de 2018, la S. 3233, que contempla sanciones individuales a funcionarios del régimen sandinista y sus colaboradores.

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También incluye la enmienda del senador Marco Rubio, dirigida a sancionar a los facilitadores de la dictadura con recursos financieros y tecnología para reprimir y asesinar a opositores. Ahora, la Ley Nica pasará al despacho del presidente Trump para su firma, quien tiene un plazo de diez días para ese fin. A partir de entonces entrará en vigencia.

El proyecto de ley estuvo acompañado por un largo proceso para su aprobación que demoró dos años y medio, y retomó fuerza debido a la masacre y la brutal represión que ha perpetrado el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, desde abril pasado contra civiles, que hasta el 10 de diciembre contabiliza más de quinientos muertos, 674 presos políticos y más de cuatro mil heridos.

Las Razones de la ley

Ortega ha ignorado los repetidos llamados de Estados Unidos y la comunidad internacional, sobre el cese a la represión y la necesidad de cambios en el país para el retorno de la democracia.

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Desde su llegada al poder en enero de 2007, Ortega se ha dado a la tarea de desmantelar las instituciones democráticas, controlar la Policía, el Ejército, y crear grupos paramilitares encargados de asesinar, perseguir y secuestrar a los nicaragüenses que demandan cambios políticos en el país.

Los grupos paramilitares están integrados por la Juventud Sandinista, algunos empleados públicos y viejos militantes que actúan como el brazo represivo del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y escuadrones de la muerte coordinados y preparados bajo el mando de la Policía Orteguista.

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Esa información forma parte de los argumentos de la Casa Blanca para aplicar sanciones contra la esposa de Ortega y vicepresidente de Nicaragua, Rosario Murillo, y contra Néstor Moncada Lau, asesor presidencial en asuntos de seguridad, anunciadas el pasado 27 de noviembre, por medio de una orden ejecutiva.

Tercera herramienta de sanciones

La legislación ha sido creada exclusivamente para sancionar los vejámenes y crímenes de la dictadura de Nicaragua y se convertirá en la tercera herramienta de sanciones a emplear por la administración Trump contra Ortega y Murillo, funcionarios del régimen y sus colaboracionistas, nacionales y extranjeros involucrados en la represión directa o a través de apoyo financiero, o tecnología. Las otras dos son la Ley Global Magnitsky (Glomag) y la orden ejecutiva, que tiene carácter legislativo.

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Seis altos funcionarios de la dictadura, incluyendo a Rosario Murillo, ya han sido sancionados a través de tres rondas de sanciones.

Ley responsabiliza a Ortega

Ros-Lehtinen agradeció a los legisladores de ambas cámaras legislativas que se unieron para apoyar el esfuerzo.
“Desde el principio fuimos testigos del aumento de la corrupción y la represión de Ortega durante muchos años”.

“Con la aprobación final de la Ley NICA enmendada, el Congreso dio un salto adelante para responsabilizar a Ortega y sus títeres por los abusos cometidos. En un esfuerzo desesperado por aferrarse al poder, Ortega y sus matones han seguido reprimiendo la libertad de expresión y las manifestaciones pacíficas. Estados Unidos ha respondido al llamado del pueblo nicaragüense y continuará haciéndolo en apoyo de las necesarias reformas electorales y de derechos humanos”, acotó la legisladora.

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El senador Marco Rubio se mostró satisfecho con la aprobación de la Ley Nica.

“Estamos un paso más cerca de la ampliación de sanciones y otras presiones contra el régimen opresor de Ortega, (la Ley Nica) envía un mensaje claro que Estados Unidos no tolerará las violaciones contra los derechos humanos”, apuntó Rubio.

El congresista Albio Sires instó al presidente Trump a firmar la ley sin demoras y definió la Ley Nica como pieza esencial para determinar la responsabilidad del régimen por sus actos.

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“Esta legislación dirige a los Estados Unidos para frenar el acceso de Ortega a las instituciones financieras internacionales hasta que haya grandes esfuerzos dirigidos a combatir la corrupción, y la celebración de elecciones libres, justas y transparentes. Ha quedado claro que Ortega no tiene planes de trabajar por el bien del pueblo de Nicaragua, solo para llenar las arcas de su familia. Los Estados Unidos no se quedará de brazos cruzados mientras el régimen continúe reprimiendo”, afirmó Sires.

En tanto, el congresista demócrata Eliot Engel manifestó que la aprobación de la Ley Nica envía un mensaje claro a la dictadura de “que la Cámara de Representantes y el Senado continuarán con el firme apoyo a la restauración de la democracia y el Estado de Derecho en Nicaragua”.

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La ley propone la designación de sanciones a individuos por medio de bloqueo de activos, prohibición de transacciones bajo la jurisdicción de Estados Unidos, propiedades o intereses en una propiedad, negación o revocación de visas, y penalidades económicas.

Entre tanto, el senador demócrata Patrick Leahy señaló que la violencia ejercida por agentes del régimen de Ortega contra estudiantes nicaragüenses y otros manifestantes ha conmocionado al hemisferio. “El propósito de este proyecto de ley es señalarle al pueblo nicaragüense que apoyamos su deseo de un gobierno que no es corrupto, que no actúa con impunidad, y que respeta los derechos civiles y políticos de sus ciudadanos. El mejor camino a seguir es una elección libre y justa, tan pronto como sea posible”, afirmó Leahy.

Dictadura debe rendir cuentas

El senador Bob Menéndez, coautor de la Ley Nica, dijo que la conclusión del proceso para convertir el proyecto en ley demuestra que el Congreso de los Estados Unidos no se va a quedar de brazos cruzados mientras el régimen de Daniel Ortega “continúa con su campaña dictatorial dirigida a ejecuciones extrajudiciales (de opositores al régimen), y la represión contra el pueblo de Nicaragua”.

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Añadió que con la legislación bipartidista Daniel Ortega, Rosario Murillo y sus cómplices tendrán que rendir cuentas por violaciones a los derechos humanos y el saqueo de las arcas del Estado para beneficio personal.

“Este proyecto de ley también garantiza que las sanciones de Estados Unidos se centrarán en el régimen de Ortega sin afectar al pueblo de Nicaragua, y ofrece un apoyo muy necesario para una solución negociada a la crisis”, aseguró el senador Menéndez.

Dispensa a bloqueo de préstamos

El proyecto de ley, que solo espera la firma del presidente Donald Trump, incluye restricciones a los préstamos que solicite el régimen a las instituciones financieras internacionales. Sin embargo, la legislación contempla una dispensa que se evaluará anualmente. El secretario de Estado ante el Congreso deberá certificar que el Gobierno de Nicaragua toma acciones para garantizar el Estado de Derecho; combatir la corrupción; proteger derechos civiles y políticos; castigar a los responsables de corrupción o abuso a derechos humanos o si celebra elecciones libres y justas bajo observación internacional.

 

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