El organismo Human Rights Watch (HRW), afirmó este miércoles que la Ley Nica (Nicaraguan Investment Conditionality Act), aprobada este martes por el Congreso de Estados Unidos, funcionará como una “herramienta de presión sobre el gobierno de Ortega-Murillo” y para sancionar a altos funcionarios nicaragüenses y otros actores “implicados en gravísimas violaciones de derechos humanos” desde el inicio de las protestas contra el régimen de Daniel Ortega, el pasado 18 de abril.
José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, dijo que dicha ley “puede contribuir enormemente para presionar al gobierno de Ortega-Murillo para que detenga su brutal represión de opositores”.
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Vivanco además manifestó que la promulgación e implementación de la Ley Nica significa “enviar un mensaje categórico de que la impune represión del gobierno nicaragüense”, que ya deja más de 300 muertos según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “no será tolerada”.
La vicepresidenta designada, Rosario Murillo, el secretario político de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno, el jefe de la Policía Orteguista, Francisco Díaz así como el asesor presidencial, Nestor Moncada Lau, han sido sancionados por su participación durante las protestas contra el régimen orteguista.
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Además de muertos, heridos, desaparecidos y encarcelados, la represión estatal ha escalado hasta la persecución y acoso contra medios de comunicación independientes y la cancelación de la personería jurídica de cuatro Organismos No Gubernamentales (ONG) en menos de un mes.
La Asamblea Nacional, afín al orteguismo, canceló la personería del Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (Cisas), el Instituto de Estudios Estratégicos de Políticas Públicas (Ieepp), y este miércoles la del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y Hagamos Democracia, en un intento de callar las voces críticas a la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua.