En las últimas semanas ha destacado el cierre y amenazas de cierre a organizaciones de sociedad civil por parte del régimen, así como la negación del derecho a la protesta por parte de la Policía Nacional. Ambas acciones buscan en el mismo fin, silenciar las voces disidentes y evitar que surja un nuevo brote de protestas exigiendo la salida del régimen, pero el problema es la indefensión respecto de la defensa de los Derechos Humanos.
La libertad de expresión comprende el derecho de buscar, recibir y difundir información por cualquier medio, esto implica que, si un grupo de personas protesta, en realidad está ejerciendo su libertad de expresión. Por tanto, si la censura previa es una violación a la libertad de expresión porque este derecho solo está sujeto a responsabilidades ulteriores, entonces es incompatible con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos que la Policía autorice marchas porque es un acto equiparable a la censura previa.
Por otro lado, la libertad de expresión y el derecho a la protesta, son un medio para demandar el respeto o cumplimiento de los derechos humanos. Si soy víctima de un abuso de autoridad puedo denunciarlo en redes sociales o si no hay suministro de agua potable en una comunidad, los pobladores pueden protestar para visibilizar su problemática. Por tanto, pedir permiso para marchar es incompatible con los derechos humanos, pero la negación de este vulnera nuestro derecho a manifestarnos y a demandar el respeto de otros derechos humanos, por lo cual, más que un obstáculo, es dejar en indefensión al pueblo de Nicaragua ante los abusos del régimen Ortega-Murillo.
En la misma lógica, el cierre de organizaciones de sociedad civil y la amenaza que pende sobre otras, busca criminalizar la labor de defensores de derechos humanos. Ahora bien, la criminalización de defensores de derechos humanos aunado a la impunidad imperante en otras agresiones que han sido víctimas (incluye a periodistas) alienta que se materialicen amenazas contra estos por la falta de consecuencias jurídicas.
Un efecto menos conocido de este fenómeno es el que destaca David Kaye, relator de la ONU sobre libertad de expresión en su informe sobre la última visita a México. En este informe, refiere que criminalizar a los defensores y/o dejar en la impunidad los ataques contra ellos tiene un efecto en la sociedad, al evitar que esta tenga a quien acudir por acompañamiento ante las violaciones a sus derechos humanos.
La estrategia del régimen es alevosa al privarnos de los medios de defensa por violaciones de Derechos Humanos, pero al final fortalece la evidencia del elemento contextual sobre los crímenes de lesa humanidad que cometió contra el pueblo.
El autor es maestro en Derechos Humanos.