Secretario Ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao: En Nicaragua se consolida un Estado de excepción

El secretario de la CIDH asegura que los decretos que prohíben las protestas, las leyes que amenazan los negocios privados y la cancelación de la personería jurídica de organismos son parte de las nuevas acciones de la persecución y criminalización de la protesta

Policía impide a la presidenta del Cenidh, Vilma Núñez, dar declaraciones a los medios de comunciación. LAPRENSA/U. Molina

El secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrao, aseguró que en Nicaragua se acelera la cuarta fase de represión. «La consolidación de un Estado de excepción con decretos policiales o actos legislativos que intentan mantener apariencia de legalidad para medidas que restringen y afectan los contenidos esenciales de los derechos humanos», aseguró Abrao, a través de su cuenta de Twitter.

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«La reducción de los espacios de la sociedad civil en Nicaragua confirma que tras reprimir las protestas con brutalidad, detener arbitrariamente e criminalizar los opositores, se intenta oprimir y exterminar todas las voces disidentes. Las democracias exigen pluralidad política», dijo Abrao.

El secretario de la CIDH asegura que los decretos que prohíben las protestas, las leyes que amenazan los negocios privados y la cancelación de la personería jurídica de organismos son parte de las nuevas acciones de la persecución y criminalización de la protesta.

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En un principio, la cuarta etapa de la represión, según la CIDH, apuntaba a periodistas y medios de comunicación, pero ahora incluye a organismos de la sociedad civil que en los últimos días han sido el blanco del orteguismo. En menos de un mes,  la Asamblea Nacional orteguista canceló la personalidad jurídica de nueve organismos civiles por criticar la gestión del dictador Daniel Ortega.

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Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, dijo que a pesar de que la comunidad internacional ha exigido al régimen de Daniel Ortega que cese la represión contra los nicaragüenses que cuestionan su gestión, el «gobierno de Nicaragua sigue demoliendo a la prensa, al movimiento social que no controla y a la sociedad civil que se paró».

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Según la CIDH, la “primera fase” de la represión en Nicaragua consistió en el uso desmedido de la fuerza de la Policía contra manifestantes. En la «segunda fase» se realizó el desmantelamiento de los tranques con la llamada «Operación limpieza», que dejó muerte y destrucción en Nicaragua. La «tercera fase» consiste en la criminalización de las protestas y los manifestantes con la ley antiterrorismo.

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