GIEI: El Estado de Nicaragua ha cometido «crímenes de lesa humanidad»

Esto fue lo que reveló el informe de un trabajo de seis meses, realizado por el GIEI sobre los hechos de violencia del 18 de abril al 30 de mayo

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Las protestas contra el Gobierno de Nicaragua iniciaron el pasado 18 de abril. LA PRENSA/Jader Flores

La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ejecutó “crímenes de lesa humanidad”, mediante una política de represión impulsada y avalada por la máxima autoridad del Estado.

Por esa razón, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) recomendó investigar la responsabilidad de Ortega, junto con la cúpula de la Policía Orteguista (PO). Entre ellos se menciona directamente al actual jefe policial, primer comisionado Francisco Díaz, consuegro de Ortega, pero también a su antecesora, Aminta Granera, y a los subdirectores Ramón Avellán y Adolfo Marenco. Los expertos aseguraron que no encontraron evidencias de que las protestas fueran un golpe de Estado.

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Y en aras que los crímenes de lesa humanidad no queden impunes, el GIEI recomendó a los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Organización de Naciones Unidas a que investiguen y juzguen a los responsables de los crímenes, en el marco de la jurisdicción universal y conforme a la legislación interna de cada país.

Esto fue lo que reveló el informe de un trabajo de seis meses, realizado por el GIEI sobre los hechos de violencia del 18 de abril al 30 de mayo, y que fue presentado este viernes en Washington, Estados Unidos.

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El informe sería presentado inicialmente en Nicaragua el pasado jueves, pero el miércoles la cancillería orteguista expulsó a los expertos junto con el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni).

Bien fundamentado

A través de 463 páginas, los expertos del GIE describieron el horror de 43 días, tiempo en el se contabilizaron 109 muertos, de estos 95 se produjeron por disparos de armas que impactaron en cráneo, cuello y tórax.

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Sumado a las víctimas mortales, hubo más de 1,400 heridos y más de 690 detenidos. De los heridos, al menos 599 fueron por herida de arma de fuego, hecho que brinda una dimensión del uso de armas de fuego en el contexto de la protesta social, expusieron los expertos en el documento.

“Ataque generalizado y sistemático”

El GIEI es claro en afirmar que “la respuesta del Estado a las manifestaciones y protestas que iniciaron el 18 de abril se dieron en el marco de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil”. El Estado cometió crímenes de lesa humanidad, como asesinatos, privación arbitraria de la libertad y el crimen de persecución.

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Según los expertos, este tipo de crímenes son imprescriptibles, y también imposibilitan la generación de amnistías que pretendan impedir los juicios o condenas, así como la posibilidad que intervengan tribunales de otros Estados en virtud del principio de competencia universal.

Fuerza desmedida

El informe del GIEI demostró que no hubo golpe de Estado, tal como la dictadura argumenta para haber actuado contra los manifestantes.

Las protestas iniciaron el 18 de abril cuando un grupo de jóvenes con pancartas, en Camino de Oriente, se manifestaban contra la reforma a la seguridad social. Entonces fueron golpeados por turbas del Gobierno bajo la vista y paciencia de la PO, un método tradicional de represión que fracasó de acuerdo con el documento presentado.

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Ante eso, y el incremento de las manifestaciones, el Estado inició una etapa represiva de mayor intensidad, que tuvo un patrón general: “El uso desproporcionado e indiscriminado de la fuerza que incluía la utilización de armas de fuego, entre ellas, armas de guerra”.

“Las armas se dirigieron directamente contra los manifestantes”, estableció el informe del GIEI.

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La violencia ejercida contra los manifestantes no fueron actos aislados, sino que se realizaron de forma organizada, en distintos momentos y lugares del país.

Responsabilidad de Ortega

“Se trató de una política de represión impulsada y avalada por la máxima autoridad del Estado”, señala el informe.
Según las leyes del país, la máxima autoridad de la Policía es el dictador Daniel Ortega, quien funge como jefe supremo.

Más pruebas

Para lograr su informe, los expertos conversaron con las víctimas, con testigos presenciales de la violencia, con las familias, organizaciones de derechos humanos, además de consultas a expertos internacionales. Analizaron más de diez mil archivos audiovisuales, y más de tres millones de tuits.

Ese trabajo les permitió asegurar  que “la mayoría de los asesinatos y lesiones graves son responsabilidad de la Policía Nacional”, cuyos efectivos actuaron en coordinación con grupos paramilitares.

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Desde el inicio de las protestas, el grupo indicó que el régimen sostuvo un “encendido discurso de construcción de un enemigo y de descalificación de los manifestantes”.

Les dijeron personas vandálicas, llenas de odio, golpistas, terroristas, calificativos que usaba en sus comunicaciones de mediodía la vicepresidenta Murillo.

El informe advierte que el régimen intentó una apropiación política de algunas víctimas para hacerlas pasar como afectadas por la violencia de los manifestantes.

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Los expertos expusieron en su informe que el régimen avaló a la PO, ya que no solo omitió toda referencia a los graves abusos cometidos por esta, sino que dio ascensos y nombramientos a los principales responsables de la matanza que hubo en Nicaragua.

Pero la PO no solo se limitó a matar a ciudadanos, sino que el GIEI constató que “la Policía Nacional llevó una política de detención arbitraria e ilegítima, de forma masiva e indiscriminada de hombres, mujeres y adolescentes en contexto de razzias policiales (redadas)”.

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Persisten también relatos que describen diversas formas de tortura y agresiones sexuales que merecen ser investigadas, según los expertos.

Poder judicial viciado

Tanto el Ministerio Público como el poder judicial han actuado como una pieza más del esquema de violación a los derechos humanos, a través de la criminalización de las personas que participaban en las protestas, es otra de las más fuertes conclusiones.

En la presentación del informe, Claudia Paz y Paz, una de las integrantes del GIEI, expresó que desde que llegaron al país lo que más les sorprendió fue la falta de independencia del sistema de justicia, la falta de autonomía de la Fiscalía.

“¿Qué hicieron los fiscales, los jueces en Nicaragua mientras (…) la Policía, en la gran mayoría de los casos, cometía crímenes gravísimos? (…)”, preguntó Paz durante la presentación del informe.

El informe no da lugar a dudas: 109 muertes y, de estas, cien siguen en la impunidad.

Fiscalía actuó parcializada

En el informe presentado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) se señaló que la Fiscalía de Nicaragua no actuó de una forma objetiva e imparcial.

“No agotó todas las líneas de investigación y acusó a personas que podrían ser inocentes, algunas de las cuales ya han sido condenadas”, sostiene el documento. Además los expertos afirmaron que esto es injusto no solo para los acusados, sino para las víctimas y familiares al no obtener una respuesta verdadera.

Entre las recomendaciones que los especialistas hacen están la disolución y desarme inmediato de los grupos armados paraestatales. También recomiendan depurar a la Policía Orteguista (PO), separando a los agentes que participaron en actos de violación a los derechos humanos. Respecto al sistema de justicia indica que se debe investigar la actuación y eventualmente depurar el sistema de justicia de los jueces y demás funcionarios que vulneraron el debido proceso o que no mantuvieron su independencia del poder político, se lee en el informe.

Tomando en consideración la ausencia de independencia del poder judicial, el GIEI recomendó establecer los mecanismos y reformas necesarias para garantizar la revisión de las sentencias dictadas en estos casos.