La publicación del informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) acabó con “cualquier apariencia de institucionalidad democrática” que el régimen de Daniel Ortega pudiera proyectar a nivel internacional, analiza el jurista Uriel Pineda, especialista en Derechos Humanos.
A juicio de Pineda, “la comisión de crímenes de lesa humanidad, la obstaculización de instancias internacionales como la CIDH en el ejercicio de su labor y la expulsión misma (de las misiones de derechos humanos) evidencian ante la comunidad internacional que el gobierno que encabeza Daniel Ortega no es un gobierno de corte democrático, ni siquiera es un gobierno un poco autoritario, sino que es un gobierno criminal”.
Esto vendría a dañar aún más la ya deteriorada imagen de Daniel Ortega ante la comunidad internacional y a corto plazo va “aumentar dramáticamente” el aislamiento internacional de Nicaragua, estima el abogado y analista político Eliseo Núñez.
En el informe publicado este 21 de diciembre, el GIEI señaló que funcionarios nicaragüenses cometieron delitos internacionales, incluyendo tortura y crímenes de lesa humanidad. Para los expertos es necesario que Daniel Ortega, como jefe supremo de la Policía Nacional, sea investigado, al igual que otros altos mandos de esa institución orteguista.
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“La impunidad no durará para siempre”
José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, destacó el tema de los crímenes de lesa humanidad en su pronunciamiento sobre “el contundente informe del GIEI”, publicado en su cuenta oficial de Twitter el propio 21 de diciembre.
Para él, “las máximas autoridades del Gobierno de Nicaragua deberían estar conscientes de que el principio de jurisdicción universal le podría permitir a otros Estados investigar y procesar a cualquier responsable de crímenes internacionales”.
“La impunidad que las autoridades nicaragüenses han disfrutado hasta ahora no durará para siempre”, sentenció Vivanco.
Dada la edad de Daniel Ortega, quien este noviembre cumplió 73 años, Eliseo Núñez no está seguro de que el dictador pueda llegar a enfrentar un juicio por crímenes de lesa humanidad, pues se trata de procesos “relativamente largos”.
El mayor daño, considera, es “para la gente de menor edad que ha acompañado la represión porque sí pueden llegar a ver consecuencias”. El señalamiento por crímenes tan graves “tiene peso para los oficiales jóvenes de Policía que obedecieron órdenes y van a cargar con eso el resto de su vida”, afirma Núñez.
En el corto plazo podrían verse condenas políticas, que en materia internacional son lo más común.
El informe del GIEI ayudará a abrir “un abanico de acciones” y “muchos países podrían cortar relaciones (diplomáticas) o relaciones económicas con Nicaragua”, estima el analista. Es decir, podrían hacer “cualquier cosa que estimen conveniente para contribuir a la persecución de estos delitos (de lesa humanidad”.
Para él, el informe vino a confirmar que todo lo que se ha denunciado desde abril es “absolutamente cierto” y es una certificación de que Ortega pasará a la historia como “una sombra autoritaria” que formó parte de la fauna política durante más de cuarenta años.
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Elevaron el conflicto al plano internacional
Para el jurista Uriel Pineda, el punto principal del informe del GIEI es que ya “hay que mirar a otro lado”. Debido a que el régimen de Daniel Ortega no tiene la menor intención de honrar su compromiso en materia de derechos humanos, los mecanismos de la CIDH han quedado rebasados y la comisión está elevando el conflicto a un plano internacional.
Es decir, “se declaran de alguna manera incapaces de poder mediar en el conflicto, lo que da pie a que la gravedad de la situación de Nicaragua escale a nivel internacional. Se deben activar otros mecanismos ya no jurídicos desde los derechos humanos, sino políticos. Es necesario que la comunidad internacional intervenga a efectos de cesar la represión en Nicaragua y que terminen las graves violaciones a los derechos humanos”, sostiene Pineda.
Hecho “sin precedentes”
“Es importante destacar que el informe del GIEI es un hecho sin precedentes” para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), afirma el jurista Uriel Pineda.
“Por primera vez en su historia la CIDH, como mecanismo de presión ante la impotencia que hay y la falta de receptividad por parte del régimen, se juega su última carta y dice: lo que pasa acá son crímenes de lesa humanidad y ciertamente yo no puedo hacer nada, necesito el respaldo político internacional para que cesen las graves violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. Ese es el significado real de ese informe”, refiere el jurista.