Las manifestaciones que estallaron el 18 de abril en contra del régimen orteguista no fueron producto de acontecimientos aislados, sino de años de procesos institucionales y prácticas estatales que coartaron la expresión de la población.
Eso se materializó por medio del cierre de espacios, la coaptación de instituciones públicas y la concentración del poder en el binomio Ortega-Murillo. Esto creó descontento social, lo cual fue demostrado por medio de diversas expresiones sociales, que fueron reprimidas de forma violenta por la Policía Orteguista y grupos de choque, aseguró el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Antes del 18 de abril del 2018, cuando jóvenes universitarios, en su mayoría, fueron golpeados por grupos de choque afines al orteguismo e integrantes de la Juventud Sandinista (JS) en Camino de Oriente, Managua, ya se habían registrado otras acciones represivas contra las manifestaciones.
Desde la llegada al poder del dictador Daniel Ortega (en 2007), “la violencia política comenzó a incrementarse en el país y la Policía se implicó cada vez más en acciones represivas y violentas que involucraron un evidente abuso de autoridad, un uso desproporcionado de la fuerza e impunidad. Las fuerzas policiales se limitaban a observar y no actuaban cuando los grupos de choque, simpatizantes del Gobierno, agredían y atacaban a manifestantes cívicos”, expone el informe.
En el documento, que se analizan los eventos del 18 de abril al 30 de mayo del año pasado, los expertos contabilizaron 109 víctimas mortales.
Explicaron que antes de las protestas cívicas, hubo otros hechos de violencia, en los que habían estado involucrada la PO y simpatizantes del partido Frente Sandinista.
El GIEI destacó los conflictos y la violencia generada por los resultados de las elecciones municipales, en el 2008, además de la masacre perpetrada en El Carrizo, Madriz, el 8 de noviembre del 2011.
Ese día fueron asesinados don José Mercedes Pérez Torres, de 65 años, y sus dos hijos Elmer y Josué Sael. Los hechos ocurrieron dos días después que se realizaron las elecciones presidenciales.
Los responsables de la masacre están libres, después de haber cumplido la condena de tres años y medio de prisión, y siguen militando en el partido sandinista.
Otra de las represiones que recordaron los expertos fue el ataque a la protesta OcupaInss, en el 2013, cuando un grupo de jóvenes apoyaban la demanda de pensiones reducidas por parte de un grupo de ancianos.
Los jóvenes acampaban a las afueras del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, pero la madrugada del 22 de junio del 2013 fueron agredidos y asaltados por turbas orteguistas, que actuaron con total impunidad, y más tarde, en 2015, hubo otra masacre, la de Las Jagüitas.
También incluyeron la negligencia, omisión y agresión a protestantes durante las jornadas conocidas como Miércoles de Protesta.
Los hechos más recientes son del 2017, cuando hubo otros tres casos de “brutalidad policial o militar”: el asesinato de la niña Daira Junieth Blandón (de 15 meses), el asesinato de dos niños menores de edad, hijos de la señora Elea Valle en un supuesto enfrentamiento entre grupos irregulares armados y fuerzas combinadas del Ejército y la Policía, así como la paliza propinada al campesino Juan Lanzas.
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Impunidad es tradición
Mediante el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), tomando como referencia los reportes de organizaciones de derechos humanos y especialistas en seguridad, la Policía Orteguista (PO) además de impedir marchas con antimotines, “golpeaba, actuaba con evidente abuso de autoridad, hacía uso desproporcionado de la fuerza y realizaba detenciones arbitrarias con brutalidad y saña”, señalan.