El orteguismo entró en su fase terminal, realidad que debe hacernos pensar en cuáles deben ser algunas de las características de la Nicaragua que vendrá después. Hacerlo no es diletantismo. El día del cambio no debe sorprendernos sin haber desarrollado y compartido ideas claras sobre el modelo de sociedad que anhelamos.
Uno de los grandes aciertos de los padres fundadores de Estados Unidos fue reflexionar sobre cuál debía ser la arquitectura política de la nueva nación, motivados por el deseo de asegurar la máxima libertad posible de sus ciudadanos y evitar la tiranía.
El fin de la dictadura Ortega Murillo será una oportunidad para refundar nuestra nación con un objetivo muy parecido: evitar que se repitan las dictaduras que han sido la peor plaga de nuestra historia. Lograrlo será uno de los principales retos de la sociedad pos-Ortega. Cierto es que esto no solo demandará nuevos diseños en nuestras estructuras políticas sino cambios culturales profundos. Pero esto no resta la importancia de trabajar los primeras.
Uno de los cambios fundamentales, ya abordados antes, es la prohibición absoluta de la reelección continua o alternada. Decíamos que todo presidente al tomar posesión debería jurar nunca más reelegirse. Esto pondría un freno al caudillismo y facilitaría la renovación constante de liderazgos. México lo ha hecho con provecho. Claro está que toda disposición constitucional, por muy rotunda que sea, puede ser burlada con la complicidad de sistemas judiciales manipulables o de legisladores serviles, como ha pasado en Nicaragua, Honduras y otros países.
La anterior debe llevarnos a considerar la necesidad de poner otra piedra angular al edificio: una justicia impartida por jueces probos e independientes, comenzando por los magistrados de la Corte Suprema. El sistema actual no lo logra: estos son electos cada cinco años por bancadas que dependen de los caudillos o jefes de partido de turno. Por tanto son seleccionados por su filiación política y saben que su continuidad peligra si no son fieles a los jefes del partido. ¿Cómo romper esto?
Una alternativa es que, en un nuevo comienzo, los magistrados sean electos, o al menos pre seleccionados, por sectores de la sociedad civil, como podría ser un comité ad hoc con representantes del Cosep, la barra de abogados, la CEN, los rectores de universidades, etc. Luego convendría nombrarlos vitalicios, factor que contribuye mucho a su independencia. Lo han hecho con éxito Estados Unidos y lo hizo Luis Somoza en 1962, logrando que funcionara entonces la Corte Suprema de mayor prestigio en nuestra historia.
Lo anterior no son más que ideas que deben ser discutidas y complementadas, guiados por una sana obsesión: que sea la de Ortega la primera y última dictadura del siglo XXI.
El autor es sociólogo. Fue ministro de Educación.