Régimen Ortega-Murillo mantiene los niveles de represión

La CPDH recibe unas 50 denuncias a diario por detenciones ilegales y amenazas de detención

Familiares de procesados se ven obligados a introducir escrito en los tribunales para reiterar la representación de abogado de CPDH, Julio Montenegro. LA PRENSA/E. ROMERO

Aunque a finales del 2018 el equipo de abogados de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), observaba una disminución en las denuncias, el comportamiento de las mismas al iniciar el año indica que se mantienen los niveles de represión.

La abogada de la CPDH, Karla Sequeira, asegura que en diciembre registraron unas 400 denuncias y a la fecha registran unas cincuenta denuncias a diario. Aunque el repunte mayor lo registraron en julio pasado con mil casos, lo que requirió de un mayor esfuerzo del equipo de siete abogados.

Actualmente la mayoría de denuncias están motivadas por persecución política, como detenciones ilegales y amenazas de detención.

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Igualmente al equipo de abogados de la CPDH tiene a cargo la representación de casi un cincuenta por ciento del total de presos políticos procesados en el país que son unas 340 personas, de acuerdo a los archivos que lleva esa sección de la CPDH.

De ese total 84 personas ya han sido condenadas, 30 esperan sentencia de culpabilidad, y de 54 que ya tienen sentencia, 24 apelaron sus casos, 26 personas están en la etapa de audiencias, 60 en juicios. Del total, son 18 casos en los que los procesados han sido exonerados.

Sin embargo, el abogado Julio Montenegro considera que en tiempos normales esa cantidad de causas no les exigiría tanto esfuerzos si las autoridades judiciales cumplieran con su labor.

Esto porque la mayoría de los compañeros de Montenegro se desempeñaron como fiscales. Pero en la actualidad, según Montenegro, a veces deben enfrentar que los mismos jueces hagan “de alguna manera como de defensa, porque ellos nos objetan preguntas, ellos nos dicen que no nos van a dejar sentado la protesta, ellos no nos dan lugar a las objeciones que hacemos”.

“Es una situación complicada”, dijo Montenegro quien asegura que existe capacidad de parte de los abogados de la CPDH por lo cual de alguna manera estimó son asediados.

Menciona por ejemplo, el caso ocurrido el 10 de diciembre pasado cuando en la audiencia en la que es procesado Edwin Carcache, el judicial Ernesto Leonel Rodríguez, aseguró al padre de este quien lleva el mismo nombre, que Montenegro había abandonado el caso. Carcache había comprobado poco antes que Montenegro había acudido a los tribunales. Hasta ahora el caso está pendiente de fecha de juicio.

Al igual que Carcache, Reyna Isabel Sánchez, hermana de Óscar Danilo Rosales Sánchez, y Edwin Ernesto Padilla, padre de Jeferson Padilla, introdujeron un escrito este lunes para ratificar a Montenegro como el defensor de sus parientes.

En el mismo escrito, Padilla también solicitó que su hijo sea remitido al Instituto de Medicina Legal (IML) para que sea revisado. Esta solicitud la hizo en la primera audiencia sin que se haya cumplido. A Padilla se le adormece parte del cuerpo, y estima que es a causa de golpes propinados durante su captura hace cuatro meses, según denunció su progenitor.

Anomalías enfrentadas

“Hay una serie de situaciones que han sido violentadas”, durante el proceso judicial que se ventila contra reos políticos, denunció el abogado Julio Montenegro.

Por ejemplo, menciona que ha habido “mala voluntad” de programar audiencias el mismo día, a la misma hora o de programarlas con una pequeña diferencia.

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“¿Qué pasa? Hay veces que nos retienen algunos jueces y cuando queremos cumplir con el otro juez evidentemente pues ahí tenemos el problema de que no nos dejan salir porque incluso nos enllavan la puerta”, sostuvo Montenegro.

Y menciona que en su caso, ha enfrentado que no lo dejan entrar al recinto judicial, y después alegar de que yo no llegué y le decretan abandono, o desde la entrada le impiden que porte su teléfono.A su criterio que todo apunta a “la violación del debido proceso”.

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