Reos políticos temen que el orteguismo les quite sus bienes

Las familias de los presos políticos, originarios de La Trinidad, Estelí, están muy preocupadas porque el régimen va tras los bienes de sus parientes presos

Durante una manifestación, protestantes exigieron la liberación de los presos políticos en Nicaragua. LA PRENSA/Roberto Fonseca

Las familias de los presos políticos, originarios de La Trinidad, Estelí, al norte de Nicaragua, están muy preocupadas porque el régimen de Daniel Ortega va tras los bienes de sus parientes presos, enmascarados en la acusación por terrorismo y crimen organizado, aseguró la abogada Aura Alarcón, defensa de los afectados.

Para ello, la Fiscalía los está acusando bajo la Ley 735, norma contra el crimen organizado. El Ministerio Público ofreció entre los elementos de prueba el detalle de los bienes y las sociedades mercantiles de los afectados.

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Además, en la acusación señala que los procesados tienen los medios económicos suficientes para financiar armas, alimentos y dinero en efectivo a los que permanecían en los tranques, porque tienen fincas y negocios.

“Nuestro miedo es que se quieran valer de eso para quitarnos nuestros bienes, que tanto trabajo nos han costado”, dijo una familiar a través de la abogada defensora, porque el asedio en la zona se mantiene.

Llevaron alimentos

Son 18 autoconvocados los acusados en esta causa a quienes la Fiscalía los identifica como banda la Mokuana, pero solo cuatro están siendo procesados. Los acusan porque apoyaron alguna vez con alimento a las personas que se encontraban en el tranque de La Trinidad, Estelí, una de las estrategias que el pueblo nicaragüense tomó para presionar a Ortega a negociar por la democracia en el país y el cese a la violencia contra los manifestantes.

Ahora enfrentan cargos de terrorismo, crimen organizado y tenencia ilegal de armas de fuego.

“La acusación carece de muchos elementos. Es vaga, pero aun así alegan crimen organizado con base en la Ley 735, lo que les allana el camino para solicitar el decomiso de bienes y esta intención se refuerza porque la Fiscalía ofreció entre los elementos de prueba el detalle registral de las fincas de los procesados, así como el registro de sociedades mercantiles”, explicó Alarcón.

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La abogada agregó que “no se descarta que al final del juicio pidan el decomiso de las propiedades, lo que se convertiría en una forma descarada de despojar a ciudadanos de sus bienes adquiridos de forma honesta”.

Junto a exalcalde

Algunos de los procesados son Byron Molina Fuentes, de 24 años, expolicía antimotín que se negó a formar parte de grupos paramilitares, según la abogada Alarcón; Nelson Ariel Mairena Castillo, de 44 años, ex trabajador del estado y el exalcalde de La Trinidad Francisco Alcides Molina Cruz, quien tiene orden de captura y allanamiento, igual que 13 personas más, por haber ejercido su derecho constitucional a la protesta.

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Los procesados ya fueron remitidos a juicio en diciembre por el Juzgado Noveno Distrito Penal de Audiencia de Managua, pero aún no tienen juzgado de juicio asignado ni fecha de juicio, reveló la abogada defensora.

Según la Fiscalía, los estelianos forman parte de una banda criminal conocida como la Mokuana y operan en la zona desde el 16 de mayo de 2018. También los señalan de cometer incendio, requisas a vehículos en los tranques y otras acciones.

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