El avecinarse una Nicaragua nueva, post Ortega, hace necesario que vayamos pensando en reformas que eviten futuras dictaduras. El lunes pasado presentaba dos de ellas: prohibir en forma absoluta cualquier forma de reelección y asegurar una Corte Suprema de Justicia completamente independiente vía nuevos procedimientos de elección de magistrados, y haciéndolos vitalicios, como en Estados Unidos.
Ahora me referiré a tres más, comenzando por la elección de diputados. La forma actual de hacerlo es radicalmente opuesta al principio de la representatividad y una receta para el servilismo absoluto. Los diputados son electos a dedo por el caudillo de su partido. Un efecto neto de esta práctica nefasta es que no se deben a sus electores sino a él; su preocupación no es conseguir apoyo popular sino caerle bien. A él es quien deben convencer que le serán absolutamente fieles; a él quien deben endulzar el oído. El pueblo no cuenta. El colmo es que luego se hizo ley la llamada prohibición del “transfuguismo” que dispone privar de sus escaños a los diputados que no voten con su partido.
Si queremos una Nicaragua con un poder legislativo independiente y verdaderamente representativo, habrá que asegurar sistemas donde los diputados sean electos directamente por la población.
Que se terminen las elecciones en plancha y se pase al llamado escrutinio mayoritario uninominal, aquel donde los candidatos a diputados compiten contra otros en sus correspondientes jurisdicciones, zonas o departamentos, ganando el que obtenga más votos en elecciones auditadas por un sistema electoral independiente. También deben poder ser electos por suscripción popular, es decir, sin partido, e igual es de imperioso que no puedan ser penalizados de ninguna forma por cambiarse de partido o votar contra su bancada. Los diputados deben tener absoluta libertad de criterio y solo deberse a sus electores.
Otra reforma clave, complementaria de la anterior, es la democratización de los partidos. Todos deben tener elecciones primarias, auditadas públicamente, donde elijan a sus candidatos presidenciales a través de procesos competitivos, abiertos, y de voto secreto. Reformas como estas exigen a su vez una tercera: cambiar profundamente la forma de operar de las autoridades electorales. Habría que considerar formas de elección similares a la sugerida para la Corte Suprema de Justicia o convertirlas en un instituto civil, independiente de los partidos. Igual que para los magistrados, los funcionarios de esta dependencia no deberían ser militantes de ningún partido políticos.
Ninguna de estas ideas son recetas sino meras sugerencias para discutirlas e ir pensando en la Nicaragua que anhelamos para cuando salgamos de la oscurana y brille el sol de la libertad. No dudemos que vendrá. Ya se avizoran signos de la alborada.
El autor es sociólogo. Fue ministro de Educación.