Los diputados orteguistas en la Asamblea Nacional no dieron trámite este martes a la renuncia de Rafael Solís como magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), aduciendo que este no ha presentado su carta en la primera secretaría, como establece la ley. No obstante, según fuentes legislativas, esa sería una excusa política para evitar que se lea en el plenario la carta donde Solís desnuda las mentiras del régimen de Daniel Ortega sobre la masacre.
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El pasado 10 de enero, Solís hizo pública su renuncia “irrevocable” como magistrado de la CSJ y como militante del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en una carta que está fechada el 8 de enero, dirigida a Ortega, a la vicepresidenta Rosario Murillo y al presidente de la Asamblea, el orteguista Gustavo Porras.
En la misiva Solís hizo duras críticas al régimen Ortega-Murillo, a quien señaló de haber creado un Estado de terror, desmintió que las protestas ciudadanas iniciadas en abril de 2018 fuesen un intento de golpe de Estado y advirtió que el país puede desembocar en una guerra civil.
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Según conoció LA PRENSA, la mayoría orteguista en la Asamblea evitará que se exponga la renuncia de Solís en la Asamblea y dejarán que se le venza su período como magistrado el próximo abril.
Este martes mismo los diputados dieron trámite a la renuncia “por motivos de salud” del superintendente de Bancos y Otras Instituciones Financieras, Víctor Urcuyo. Durante el plenario se debió leer el motivo de la dimisión de este a su cargo, que ocupó 15 años.
No se dan por enterados
“Oficialmente no tenemos ninguna renuncia. El magistrado Solís fue nombrado por la Asamblea Nacional y es aquí donde debe presentarla, y como no ha llegado no nos damos por notificados legalmente de su renuncia”, dijo este martes el orteguista y segundo secretario del Legislativo, Wilfredo Navarro.
En la carta enviada a Ortega, Murillo y Porras, Solís dejó claro que su “renuncia es independiente de la decisión que tome la Asamblea Nacional de aceptarla o no”.
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Pero Navarro insistió con el tecnicismo que mientras Solís no oficialice en la primera secretaría su decisión de dejar el cargo de magistrado no activarán el proceso para aceptación.
“Formal y legalmente él sigue siendo magistrado, si la presentó en la OEA o no se donde es otra cosa, (pero) el organismo que debe conocerla no es ni siquiera la Presidencia de la República, sino en la Asamblea que fue donde se le nombró”, dijo Navarro.
Sin embargo, se trataría de una decisión política porque cuando renunció Roberto Rivas como magistrado del Consejo Supremo Electoral (CSE) —en mayo pasado— dirigió su carta a Porras como presidente de la Asamblea, y este luego la mandó a la primera secretaría, donde se tramitó ante el plenario.
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Los juristas Gabriel Álvarez y Eliseo Núñez explicaron —por separado— que si bien el artículo 142 de la Ley Orgánica del Legislativo establece que las renuncias de los funcionarios que sean electos por ese órgano deben remitirse en forma física o electrónica ante la primera secretaría, en el fondo lo que el orteguismo pretende es no exponer públicamente cómo Solís desnuda la represión de Ortega.
“Hay evidencia pública de que Solís ya renunció, si hubiese real interés los sandinistas al menos solicitarían información a la Presidenta de la Corte. Sin embargo, la repercusión de esto es política, no legal, porque se tendría que leer la carta de la renuncia de Solís en el plenario de la Asamblea en la cual desmonta la versión del Frente de que aquí hubo un intento de golpe de Estado”, dijo el exdiputado Núñez.
Los juristas opinaron que para acabar con los argumentos del régimen, Solís puede mandar su renuncia por correo electrónico a la primera secretaría, mecanismo facultado en la Ley Orgánica, y hacerlo público.
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“Esta renuncia ha sido un golpe muy duro, tratan de evadir los argumentos de Solís y básicamente el problema del régimen es cómo evitar que esto tenga impacto en la moral de la base orteguista”, aseveró Núñez.
La lectura del constitucionalista Álvarez es que Solís mandó su renuncia a Ortega para “subrayar que en Nicaragua no hay independencia de poderes y es a él a quien ha debido obediencia”. Explicó que la renuncia no puede ser obviada en la Asamblea porque se trata de “un acto unilateral no sujeto a requisitos ni condiciones”, por lo que “Solís no está obligado a ser magistrado”.
“Supongo que no se la quieren aceptar por pura revancha política. Lo consideran un traidor”, opinó Álvarez. Refirió que de mantenerle el estatus legal de magistrado “Solís no debería tener perjuicios porque no va a firmar sentencias, autos, ni providencias legales”, pero significaría que goza de derechos como el salario, “lo cual es absurdo” por cuanto él ya no ejerce el cargo, dijo.