El sector privado solicitó el lunes ante la Policía Orteguista (PO) autorización para una concentración y movilización pacífica el próximo 24 de enero, a la 1:30 de la tarde. También pidió protección policial.
La petición representa para el régimen de Daniel Ortega un desafío dado que coincide con la llegada de una misión de eurodiputados esta semana, la cual viene a evaluar la situación sociopolítica desde el estallido de la crisis en abril de 2018.
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La Unión Europea ya habla de sanciones al régimen por violaciones a los derechos humanos y coartar las principales libertades públicas tras una de las peores masacres ocurridas en tiempos de democracia en Nicaragua, desde los años ochenta.
Según informes de organismos internacionales y nacionales de derechos humanos, la dictadura ha asesinado a más de 325 nicaragüenses, tiene a más de setecientos presos políticos y ha negado el permiso a dos previas peticiones para marchar por parte de otras organizaciones civiles.
El 12 de octubre de 2018, la PO anunció que no permitiría marchas sin previa autorización y desde entonces no ha dado aval a ninguna solicitud de marcha, y persigue todo tipo de manifestación contra el régimen orteguista.
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Incluso, cualquier pequeño intento de expresión cívica provoca que la PO despliegue desmedidas fuerzas represivas en las calles para sofocarla.
En ese contexto, ahora el Cosep, Funides y Amcham, invocando el artículo 54 de la Constitución Política, acuden a la PO para buscar una autorización y resguardo policial a la movilización.
El artículo constitucional al que apela la empresa privada establece que los nicaragüenses tienen derecho “a la concentración, manifestación y movilización pública”.
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“En la misiva, que fue remitida a las autoridades competentes, también solicitamos se nos brinde protección policial debida, a fin de garantizar la seguridad e integridad física de todos los ciudadanos que participemos en esta actividad”, señala el comunicado.
El director ejecutivo de Funides, Juan Sebastián Chamorro, señaló el lunes que la petición está basada en el derecho constitucional que tienen los nicaragüenses a manifestarse y esperan que el mismo se respete.
Chamorro explicó que antes de introducir la petición se hizo un análisis sobre la base legal que sustenta la solicitud del sector privado y que determinaron que este se lo daba la propia Constitución.
Lo anterior a propósito de lo que estable la Ley 849, Ley de Cámaras, Federaciones y Confederaciones Gremiales Empresariales en Nicaragua, que en el tercer párrafo del artículo tres establece que las cámaras, federaciones y confederaciones empresariales nacionales “se abstendrán de realizar acciones políticas, partidarias o religiosas, sin menoscabo que dichas entidades en el ejercicio de sus actividades, puedan recurrir a instituciones o personas religiosas, políticas y académicas para el desarrollo de conferencias, foros y debates en el marco de su constitución, objeto y fines”.
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Al respecto, Chamorro aseveró que lo anterior se refiere a acciones políticas de tipo electoral o partidarias y que en el caso de la solicitud que están haciendo forma parte de políticas públicas relacionadas con la democracia.
“Las cámaras (empresariales) existen precisamente para incidir en políticas nacionales, políticas públicas y las políticas de democratización, incluyen también políticas públicas”, indicó.
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No obstante, Chamorro reconoció que se apruebe o no la petición del sector privado depende de una decisión y una voluntad política, que esperan sea positiva.
Se había anunciado hace cinco semanas
El pedido del sector privado se hace efectivo más de un mes desde que se conoció que el Cosep junto con otras cámaras habían informado que solicitarían permiso para una marcha, pero hasta ahora no se había dado mayor información. El sector privado había anunciado la introducción de esa petición ante la Policía Orteguista el 12 de diciembre.
La última vez que el sector privado convocó a una movilización en las calles fue el 7 de julio del año pasado, en la marcha denominada “Junto Somos un volcán”, que le siguió de un paro de 24 horas al día siguiente y luego caravanas por los barrios de Managua.
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Luego el 7 de septiembre llamó a un paro nacional de un día. Desde entonces, el sector privado no había convocado a ninguna manifestación cívica, porque el régimen de Daniel Ortega amenazó con ordenar abrir por la fuerza las empresas si volvían a llamar a un paro y estas cerraban sus puertas.
El Cosep junto con Funides y Amcham están en la lista de organizaciones que el régimen tiene en la mira, por considerarlas como parte del supuesto intento de golpe de Estado, una afirmación que organismos internacionales han descartado y más bien han señalado a los Ortega-Murillo como responsables de cometer crímenes de lesa humanidad.
El último intento fallido
El último organismo no gubernamental que se atrevió a pedir permiso, el 3 de diciembre, para una marcha en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, fue el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
El 9 de diciembre —un día antes de la marcha— la Policía Orteguista rechazó la petición y anunció que no se daría permiso a ninguna organización que se considere “parte del plan de un intento de golpe de Estado” contra Ortega.
Eso evidenció un endurecimiento de la posición del régimen orteguista respecto a su anuncio en octubre, cuando dijo que antes de una marcha debía haber autorización policial.
Días después de la negación de ese permiso, el régimen de Ortega decidió quitarle la personería jurídica al Cenidh y confiscó sus bienes, así como los de otras ocho organizaciones no gubernamentales, a las que desmanteló y les expropió de sus cuentas financieras y otros inmuebles, incluidos los edificios donde operaban.
Previo a la solicitud del Cenidh, que fue rechazada, la Policía Orteguista también negó autorización a la Unidad Nacional Azul y Blanco, que solicitó el aval para una marcha el 25 de noviembre.