Ante la crisis sociopolítica de más de nueve meses en Nicaragua que ha provocado un profundo deterioro de la economía, las empresas no consiguen financiamiento en el sistema financiero local ni en el mercado externo, y la situación empeora con la salida de capital hacia el exterior, afirmaron representantes de Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep).
El vicepresidente del Cosep, Sergio Maltez, y Guillermo Jacoby, presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN), a su vez reiteraron que el paquetazo de las reformas fiscales y de la seguridad social de la dictadura orteguista están empeorando el riesgo país —de por sí sumamente dañado por la inestabilidad política—, provocando el cierre del poco financiamiento externo que aún quedaba al sector privado nicaragüense.
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“Estas reformas confiscatorias vienen a mermar fuertemente la parte crediticia. El año pasado todavía pudimos como sectores productivos acceder en los primeros cuatro meses del año al crédito, ahora ya no. Antes tenías la posibilidad de ir a prestar a bancos internacionales, (pero) eso también se está cerrando”, afirmó Maltez.
El vicepresidente del Cosep explicó a LA PRENSA que la crisis sociopolítica ha aumentado el riesgo país para las inversiones “porque nadie tiene la confianza para prestarle a las empresas (nicaragüenses) porque sabe que están en la cuerda floja” por el deterioro económico.
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La economía cayó al menos cuatro por ciento al final del 2018, según datos oficiales. Para 2019 el régimen prevé una caída del 1 por ciento.
No obstante, la Fundación para el Desarrollo Económico y Social (Funides) estimó que la recesión económica ocasionará que el Producto Interno Bruto (PIB) caiga entre 7.3 y 10.9 por ciento en 2019, como efecto de las políticas económicas erróneas de la dictadura y las sanciones del Gobierno de EE. UU.
Hasta el primer semestre del año pasado, el sector privado había recibido en préstamos externos 236.2 millones de dólares, un nivel superior a los 213.5 millones que captaron en todo el 2017, según cifras del Banco Central.
El sector privado reclamó que el régimen prefiera “conducir a un despeñadero económico” a la nación, al negarse a la solución institucional de la crisis política.
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La inestabilidad sociopolítica por la brutal represión de la dictadura de Daniel Ortega contra las manifestaciones ciudadanas que iniciaron en abril ante las reformas a la seguridad social —que entonces derogó—, ha causado una crisis económica, golpeando fuertemente a los agentes productivos, turísticos, comerciales, exportadores y del sector financiero.
Fuga de recursos al exterior
Funides en su Informe de Coyuntura 2018 y con base a datos oficiales refleja que en el segundo y tercer trimestre del año pasado 756 millones de dólares salieron al exterior, cuyo dinero estaba en depósito en la banca nacional, lo que afectará la inversión.
Funides recordó que la crisis ha golpeado seriamente al sector financiero, que en 2018 perdió el 25 por ciento de sus depósitos totales con respecto a 2017.
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“Pero comparándolo con el inicio de la crisis en abril a diciembre ya es 28 por ciento, hablamos de una caída de 1,553 millones de dólares en salida de depósitos”, indicó Funides.
El centro de pensamiento explicó que “la mayor parte de la plata se está yendo fuera del país a depósitos en bancos internacionales”, que de acuerdo con los datos del Banco Central de Nicaragua (BCN) suman 759 millones de dólares.
Funides explicó que habría que esperar las actualizaciones del último trimestre del 2018 para saber cuánto es el monto total del dinero que los inversionistas han retirado de Nicaragua y lo han repatriado a sus cuentas en el exterior.
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Adicionalmente los bancos nacionales han tenido que frenar la entrega de 772 millones de dólares en créditos, también por la crisis.
Aceleran cierre de empresas
Maltez y Jacoby dijeron que de insistir la dictadura en su paquetazo fiscal y de la seguridad social hará que “en pocos meses” más empresas cierren debido a la descapitalización de sus finanzas por el aumento del pago de impuestos, la caída del consumo, la falta de crédito y de inversiones.
“Es difícil saber cuánto tiempo vas a sobrevivir, porque no sabés si vas a contar con el crédito, además el consumo está disminuyendo y si entra este tipo de reformas que ya dijimos que son confiscatorias y que no son sostenibles, hablamos de pocos meses que las empresas aguanten”, afirmó Maltez.
La reforma a la seguridad social aumentó de golpe en 3.5 puntos porcentuales la cuota de la patronal.
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A la vez, el régimen busca recaudar en el presente año 10,168.6 millones de córdobas (unos 317 millones de dólares) reduciendo algunas exoneraciones, aumentando la alícuota a la mayoría de materias primas para la producción, así como gravando alrededor del 70 por ciento de los productos de la canasta básica.
Jacoby aseveró que es “difícil estimar cuántos despidos habrán en un futuro inmediato” como efecto de las medidas tributarias y a la seguridad social, pero afirmó que será inevitable que más nicaragüenses pierdan sus empleos.
Funides con base en la información oficial estima que 453 mil personas en el sector formal e informal habrían sido despedidas o suspendidas de sus puestos de trabajo desde el inicio de la crisis en abril hasta diciembre de 2018.
Jacoby insistió en que las reformas “afectan a toda la población” y complican la crisis sociopolítica y económica, es decir profundizan la recesión.
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“Mientras la confianza de los inversionistas no retorne a Nicaragua no habrá crecimiento económico. Y la confianza va a retornar en el momento que el Gobierno dialogue consciente e inclusivamente con todos los sectores, una vez que ese diálogo inicie la confianza empieza a regresar”, afirmó Jacoby.
Orteguistas preparan dictamen
Los miembros del Cosep, Sergio Maltez y Guillermo Jacoby, afirmaron que mientras no se retome el diálogo entre el régimen de Daniel Ortega y los diferentes sectores para solucionar la crisis sociopolítica, cualquier medida económica que imponga más bien hunde la economía.
Maltez, también presidente de la Cámara de Industrias de Nicaragua (Cadin), dijo que el cálculo es que la reforma tributaria elevará en un 17 por ciento los costos de la mano de obra en la industria formal, no siendo sostenible para las empresas que serían forzadas a reducir los costos con el despido de personal.
“Si tu objetivo era recaudar más no lo vas a conseguir, pero vas a promover la informalidad, el contrabando, el cierre de empresas y el desempleo. No son reformas sostenibles”, afirmó Maltez.
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Los presidentes de Cadin y de APEN dijeron que como cámaras del Cosep no acudieron a la “consulta” de las reformas fiscales que se montó en la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional, precisamente porque ese no es el foro donde se darán soluciones políticas a la crisis del país.
Aunque Maltez y Jacoby refirieron que los representantes de las transnacionales sí llegaron a la Comisión Económica, lo hicieron para entregar cartas donde advirtieron a los orteguistas que de aplicarse las medidas fiscales y de la seguridad social forzarán al cierre de sus operaciones en el país.