De las quince recomendaciones que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expuso en su informe final, después de su visita In loco al país, el régimen de Daniel Ortega no ha cumplido nada, valoró el abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Pablo Cuevas.
La primera de los quince puntos dirigidos al Estado es que cesara de inmediato la represión a los manifestantes y la detención arbitraria de quienes participaban de las protestas. El informe final fue presentado en junio, y en septiembre, el régimen prohibió las manifestaciones, dejando la responsabilidad de imponer el control de cero concentraciones ciudadanas a la Policía Orteguista (PO).
Cuevas considera que la actuación del Estado ha sido “perversa” porque al prohibir las manifestaciones, las personas ya no pueden salir a expresarse, por ende, ya no hay manifestaciones reprimidas; “se fue a la raíz”, expuso.
Agregó que las persecuciones y secuestros se han convertido en una constante de todos los días, en diferentes zonas del país. La gente no quiere denunciar porque saben que pueden tomar represalias contra el que denunció el hecho.
Por ejemplo, explicó Cuevas, si es el caso de una mamá a la que se le llevaron a un hijo, teme que si expone la detención ilegal, les capturen a otros de sus hijos.
“Han multiplicado las acciones de terror”, indicó el abogado de CPDH, y quien ha estado en diferentes momentos de las álgidas protestas.
Intento de cumplimiento
Dentro de las recomendaciones de la CIDH, se expone la creación de un mecanismo especial de seguimiento, precisamente, para monitorear las sugerencias expuestas a partir de su investigación sobre la crisis de violación de derechos humanos en Nicaragua.
El régimen orteguista permitió el ingreso al Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI); sin embargo, ambos fueron expulsados del país en diciembre, evitando que se conociera en el país el informe final del GIEI, donde se reveló que hubo crímenes de lesa humanidad.
Los expertos denunciaron que no contaron con apoyo de las autoridades para desarrollar su trabajo. En ese sentido, el defensor de derechos humanos, Gonzalo Carrión, explicó que no existe ningún cumplimiento por parte del Estado respecto a sus recomendaciones.
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La represión continuó, pese a que en los mismos puntos señalados por la Comisión se indicaba que se desmantelaran los grupos parapoliciales.
Cuevas, valoró que el régimen orteguista se equivocó en sus cálculos al creer que profesionales calificados no iban a hacer su trabajo de manera adecuada. El hecho que los haya dejado entrar al país no representaba una verdadera voluntad, dijo.
A la vez, destacó que la presencia de los organismos fue importante, ya que lograron conocer que no existe independencia de las instituciones y que todos se someten a la voluntad y directriz de un solo poder, el poder ejecutivo.
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Mantienen monitoreo
Mediante un comunicado, la comisionada Antonia Urrejola, relatora para Nicaragua, por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), expuso que la creación del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), que trabajó desde el terreno permitió mantener todo este tiempo la atención internacional en el país. Agregó que “La instalación del MESENI para acompañar el Diálogo Nacional, en primera instancia, tenerlo funcionando en el país y ahora en nuestra sede-Washington, es una respuesta de la CIDH al clamor y a las exigencias de la sociedad nicaragüense. A todos ellos quiero reiterar que no están solos y que seguimos con nuestro trabajo de manera intensa”, dijo.
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