El Congreso español rechazó este miércoles los Presupuestos del Estado de 2019 propuestos por el Ejecutivo socialista, que gobierna en minoría, lo que puede precipitar el final de la legislatura por un posible adelanto de las elecciones generales.
Habrá que esperar a la reunión del Consejo de Ministros del viernes próximo para saber si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convoca comicios anticipados, según informaron este miércoles fuentes del Ejecutivo.
Votaron en contra del proyecto presupuestario, por motivos diferentes, los conservadores del Partido Popular (PP), los liberales de Ciudadanos y los independentistas catalanes ERC y PDeCAT, mientras que socialistas, Unidos Podemos (izquierda) y los nacionalistas vascos los apoyaron.
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La Cámara Baja pidió la devolución de las cuentas públicas al Ejecutivo por 191 votos, con 158 en contra y una abstención. Mientras tanto, siguen prorrogados los Presupuestos de 2018. Tras la derrota parlamentaria del Gobierno, la convocatoria de comicios se hace “absolutamente inaplazable”, urgió hoy el líder del PP y de la oposición, Pablo Casado. Por su parte, Sánchez salió del Congreso sin hacer declaraciones sobre un eventual adelanto electoral, a pesar de la insistencia de los periodistas en preguntarle.
En declaraciones a la prensa, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reconoció que la legislatura sin nuevas cuentas públicas se acorta -debería terminar en junio de 2020-, aunque el momento de las elecciones depende de Sánchez, recordó.
Fechas tentativas
Desde hace varios días las conjeturas sobre fechas posibles se suceden en los medios españoles, como el 14 y el 28 de abril o el 26 de mayo, en coincidencia con las regionales, municipales y europeas ya previstas.
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Lejos de centrarse solo en cuestiones económicas y financieras, el debate presupuestario giró en torno a asuntos políticos, fundamentalmente la situación de la región autónoma de Cataluña, gobernada por los independentistas, quienes exigen que se reconozca el “derecho de autodeterminación”.
ERC y PDeCAT argumentaron que el Gobierno no avanza con unas mesas de diálogo que resuelvan lo que denominan “conflicto” político en Cataluña y urgieron más inversiones estatales en esa región en función de su importancia en el Producto Interior Bruto español.
El debate presupuestario coincidió con las dos primeras sesiones del juicio de doce líderes soberanistas catalanes en el Tribunal Supremo por el proceso independentista inconstitucional de 2017.
PP y Ciudadanos, que exigen elecciones desde hace meses, rechazaron la propuesta de Presupuestos porque creen que están pactadas con los independentistas catalanes, aumentan el gasto público sin proponer ingresos creíbles y supondrán más endeudamiento.
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La ministra Montero acusó a conservadores y liberales de intentar “frenar el progreso social” que supone la propuesta presupuestaria. Sobre el diálogo con los independentistas, reiteró que el “derecho a la autodeterminación” no se pondrá en el orden del día y que el Ejecutivo español siempre respetará la separación de poderes y la independencia de la justicia.
Gobierna en minoría
Sánchez gobierna España en minoría, con apenas un cuarto de los 350 diputados de la cámara, obligado constantemente a acuerdos con Unidos Podemos -que hoy votó a favor de los Presupuestos- y con los independentistas catalanes representados en el Parlamento español.
El gobernante socialista llegó al poder el 1 de junio de 2018, cuando ganó una moción de censura contra el anterior jefe del Ejecutivo, el conservador Mariano Rajoy, con el voto de socialistas, Unidos Podemos, nacionalistas vascos y los independentistas catalanes.
Sánchez se comprometió a dialogar con las autoridades catalanas para resolver las tensiones independentistas, pero dentro de los límites de la Constitución, que impide la secesión de cualquier territorio español. Sin embargo, esta voluntad no ha satisfecho ni a soberanistas, que no renuncian a la autodeterminación, ni a PP y Ciudadanos, que acusan a Sánchez de “cesiones”, a veces “humillantes”, al independentismo.
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Finalmente, Sánchez no consiguió el apoyo de los soberanistas a los Presupuestos, a pesar de comprometerse a invertir 2.000 millones de euros en Cataluña en 2019 -un 52 % más que en 2018-, además de una serie de mejoras socioeconómicas, algunas pactadas con Unidos Podemos.
El rechazo de los Presupuestos no afecta, sin embargo, a medidas ya en vigor para este año, como la subida de pensiones (1,6 % de media y un 3 % de las mínimas y las no contributivas; del salario mínimo (22.3 por ciento) y de los sueldos del sector público (un 2,25 % en 2019 más un 0,25 % adicional a partir del 1 de julio).
Es la segunda vez que unos Presupuestos del Estado son rechazados parlamentariamente en la democracia española, ya que en 1995 el Congreso se opuso a las cuentas públicas del Gobierno socialista de Felipe González, lo que provocó elecciones anticipadas.