El fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, anunció este jueves que se abrió una investigación contra la junta que designó el Parlamento, de mayoría opositora, para el control de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y los representantes diplomáticos que han sido nombrados.
“Hemos anunciado unos MPs (investigaciones) en contra de los ciudadanos nombrados legal e inconstitucionalmente como directivos de PDVSA y de Citgo (filial en EE.UU.)”, dijo Saab en una conferencia de prensa. Señaló además que se investigarán “una serie de ciudadanos nombrados como embajadores de forma ilegal e inconstitucional de la misma manera por un usurpador del poder”.
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La Asamblea Nacional de Venezuela (AN, Parlamento), dominada por la oposición, designó este miércoles una junta administradora para controlar la industria petrolera del país, así como la empresa estatal PDVSA y su filial en Estados Unidos, Citgo.
La decisión del Legislativo fue aprobada por la mayoría opositora de la Cámara, tras ser presentado un informe de la Comisión de Energía y Petróleo a cargo del diputado Elías Matta.
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Con esta medida, Simón Antúnez, Gustavo J. Velásquez, David Smolansky, Carlos José Balza y Ricardo Alfredo Prada integran la junta directiva de PDVSA, una empresa golpeada por una crisis de productividad e investigaciones por corrupción. La especialista Luisa Palacios fue designada para liderar la directiva de PDV Holding Inc., compañía que ejerce como propietaria de Citgo. Édgar Rincón, Oswaldo Núñez, Fernando Vera, Elio Tortolera y Andrés Padilla acompañarán a Palacios.
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Por otra parte, el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, ha designado embajadores en 10 países americanos, una acción que la Cámara le concedió al aprobar casi de forma inmediata los nombramientos.
Guaidó presentó una comunicación ante el Parlamento en la que proponía la designación de representantes en Argentina, Estados Unidos, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Panamá, Perú y el Grupo de Lima, que fue aceptada. En este sentido, Saab comentó que las investigaciones son una respuesta a “una escalada que comenzó con la usurpación írrita de la Presidencia de la República por alguien que nunca eligió”.
Para Saab los nombramientos los ha hecho un “órgano que no es competente para tomar este tipo de decisiones”, por lo que considera que son “una burla”. Finalmente, aseveró que los nombramientos “no tienen ningún tipo de consecuencia jurídica ni legal”.